Exculpada una alto cargo del Govern que autorizó un viaje de un asesor de Puigdemont

La jueza de Barcelona Olalla Ortega, que investiga el viaje a Nueva Caledonia de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del 'expresident' Carles Puigdemont, a cargo de la Generalitat, ha exculpado a la secretaria general de Presidència, Meritxell Masó, que estaba imputada por autorizar los gastos. En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Masó, defendida por la abogada Judit Gené, tras la petición realizada por la fiscalía, que fue quien presentó la querella por malversación y prevaricación.

La fiscalía acusaba a Masó inicialmente de autorizar el pago de los 4.580 euros que costó el viaje de Alay, también investigado en el 'caso Voloh' de presunta financiación de Waterloo, para participar como observador en el referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, respecto de Francia, en noviembre de 2018. Ahora, la acusación pública considera que "no está acreditada" su participación en los hechos, a la vista de la documentación aportada a la causa y de su declaración ante la jueza, en la que sostuvo que no entra en sus competencias fiscalizar los gastos de la oficina del 'president', dado que es al Parlament al que corresponde hacerlo.

Malversación y prevaricación

Por otra parte, la fiscala Teresa Duerto, además, ha solicitado a la jueza que continúe el proceso judicial contra Alay por su presunta participación en calidad de autor en un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en calidad de inductor o cooperación necesario. Según el ministerio público, de la documentación que consta en la causa se desprende que Alay fue invitado a acudir como observador al referéndum de Nueva Caledonia por parte de una formación independentista de esa región francesa de ultramar, "a título personal" y no como responsable de la oficina del expresidente catalán.

En la querella, la fiscalía detallaba que Alay, "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, se "excedió" en las funciones que tiene atribuidas y se "apartó" de su obligación de servir a los intereses generales con el propósito de lograr un "enriquecimiento ilícito". En su opinión, logró que la Generalitat se hiciera cargo de los gastos por valor de 4.580 euros de su viaje a Nueva Caledonia, pese a que aquella actividad no se encontraba entre las que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente.