Moción de censura frustrada

¿Ha incumplido el PP el pacto antitransfuguismo en Murcia? Sí y no

  • La mayoría de formaciones políticas suscribieron en 1998 un acuerdo para no aceptar nunca votos de tránsfugas

García Egea, en una rueda de prensa el 19 de enero.

García Egea, en una rueda de prensa el 19 de enero. / Europa Press / M. Fernández

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Jose Rico
Jose Rico

Jefe de la sección de Política

Especialista en política catalana

Escribe desde Barcelona

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"Esta necesidad de acuerdo entre las fuerzas políticas se requiere como factor imprescindible para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el derecho no puede ni debe dar respuesta". Este compromiso fue suscrito el 7 de julio de 1998 por una docena de partidos, entre ellos el PSOE y el PP, para garantizar que nunca se aprovecharían de los votos de tránsfugas en su beneficio político. ¿Ha incumplido el PP en Murcia lo que se bautizó como Pacto Antitransfuguismo al valerse de tres diputados díscolos de Ciudadanos para neutralizar la moción de censura de PSOE y Cs?

De entrada, la maniobra dinamita cualquier imagen ética y regeneradora de la política y recuerda demasiado al 'tamayazo', aquellos dos tránsfugas del PSOE que reventaron en 2003 un Gobierno PSOE-IU en la Comunidad de Madrid y propiciaron una repetición electoral que brindó la mayoría absoluta al PP de Esperanza Aguirre. Cosa distinta es si los populares se han saltado el acuerdo firmado hace 23 años. Formalmente no, porque el documento suscrito tiene truco.

Alcance limitado

Aquel acuerdo comprometía a las fuerzas políticas a "no admitir en su grupo a un concejal integrado en la candidatura de otra formación", a no utilizar a los tránsfugas para "cambiar las mayorías de gobierno" y a "no apoyar ninguna iniciativa" que procediera de ellos. Y proponía aislarlos en la corporación pasando a ser considerados como "no inscritos" o "independientes". Pero dicho compromiso se limitaba a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. No era de aplicación, pues, en las Cortes Generales ni en los parlamentos autonómicos.

La comisión de seguimiento del pacto se ha reunido 22 veces en 23 años, llegan a transcurrir en algún caso hasta 10 años entre un encuentro y el siguiente. En 2006 se amplió el acuerdo para vetar que los tránsfugas pudiesen formar parte de listas electorales, disfrutar de medios económicos y materiales y ser incluidos en equipos de gobierno. Pero el alcance del pacto seguía ceñido a las administraciones municipales y provinciales.

Reformas legales

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Fue a finales del año pasado cuando todas las formaciones aceptaron extender el acuerdo al ámbito autonómico y estatal. Ahora bien, para que eso se haga efectivo hay que reformar, al menos, los reglamentos del Congreso y el Senado, la ley electoral general y la ley de partidos políticos. A esta actualización del pacto se sumaron 11 partidos: PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, PAR, Foro Asturias y Galicia en Común.

Es decir, el compromiso es exportar la alianza al Congreso, el Senado y cámaras autonómicas, pero las múltiples reformas legales que se requieren todavía no han echado a andar. No obstante, el partido de Pablo Casado estuvo de acuerdo en que el veto a los tránsfugas rigiese en todas las instituciones. También en las de Murcia.