El nuevo Parlament, un hemiciclo con varias causas pendientes con la justicia

La 13ª legislatura seguirá envuelta en embrollos judiciales con los que tendrá que lidiar la nueva Mesa del Parlament. Nueve de los 135 diputados tienen causas abiertas con la justicia por delitos de índole muy distinta: la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs; la 'exconsellera' y miembro de la bancada de ERC, Meritxell Serret; el 'exconseller' de Cultura residente en Bruselas, Lluís Puig, los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, de la CUP, Dolors Sabater y Pau Juvillà; y los dos representantes de Vox, Mònica Lora y Joan Garriga. Al recoger sus actas de diputados en el Parlament están aforados, por lo que el el tribunal encargado de abordar con sus procedimientos es el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La nueva presidenta del Parlament está investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por presuntamente fragmentar contratos para que resultara beneficiado su amigo, el informático Isaías Herrero, mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El 'vía crucis' de Borràs va para largo. La actuaciones partieron en su día del juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, pasaron al Tribunal Supremo al adquirir su condición de diputada en el Congreso y recaerán ahora en el TSJC, que comenzará de nuevo la instrucción.

Pero antes de que se resuelva, el choque jurídico-político está servido. El artículo 25.4 del reglamento del Parlament explicita que en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa de la Cámara catalana, "una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata". En el caso de que se planteen dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable, se puede solicitar un dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Por lo tanto, de la Mesa dependerá que el independentismo -con cinco representantes frente a los dos del PSC- quiera librar batalla y no acatar este extremo cuando se abra el juicio oral.

El retorno de Serret

Un camino parecido seguirá el caso Serret. La 'exconsellera' de Agricultura volvió el jueves por sorpresa a Catalunya después de tres años y medio en Bélgica, y compareció voluntariamente ante el Tribunal Supremo acusada por un delito de desobediencia. El juez Pablo Llarena, que instruyó la causa abierta contra el 'procés' y mantiene la relativa a los residentes en el extranjero, la dejó en libertad con las únicas medidas cautelares de designar un domicilio y comparecer siempre que sea llamada. Su próxima cita judicial será el 8 de abril, cuando declare ante el magistrado. Después, el alto tribunal remitirá las actuaciones al TSJC.

En cambio, el 'exconseller' de Cultura, Lluís Puig, que sigue en Bélgica procesado en rebeldía por malversación y desobediencia por el referéndum del 1-O, deberá solicitar la delegación de voto o ser sustituido, que ya provocó choques entre ERC y Junts la legislatura pasada. En la sesión constitutiva, Puig había solicitado delegar su voto en Borràs "por las circunstancias actuales que le incapacitan para poder ejercer de forma presencial el derecho a voto", pero la delegación ha sido rechazada por los dos secretarios de la mesa de edad, Alberto Tarradas (Vox) y David González (PSC), a pesar del voto a favor del presidente, Ernest Maragall (ERC). 

En la bancada republicana hay otros dos procedimientos judiciales: Josep Maria Jové, que fue secretario general de Vicepresidència y Economia, y Lluís Salvadó, exsecretario de Hisenda, procesados por los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por los preparativos del 1-O y por planificar presuntamente la recaudación de los impuestos de los catalanes a través de la Agencia Tributaria propia, considerada por la juez una de las "estructuras de Estado".

Los casos de la CUP

En el caso que ocupa al secretario tercero del órgano parlamentario, Pau Juvillà, pendiente de un juicio por desobediencia por no haber descolgado durante la campaña electoral lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida, mientras no tenga una sentencia firme que le inhabilite para un cargo público, podrá seguir ejerciendo como diputado. El artículo 25.1 del reglamento del Parlament sostiene que se le podría suspender "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta", pero la suma independentista de 74 diputados lo impediría.

Lo mismo sucedería en lo que atañe a la dirigente de la CUP, Dolors Sabater. La exalcaldesa de Badalona está acusada de prevaricación por haber impulsado una suspensión de licencias urbanísticas cuando ostentaba la vara de la ciudad catalana. La promotora Vertice le acusa de haber impedido el desarrollo de una promoción de viviendas en el edificio que ocupa la asociación cultural El Círcol con el objetivo de favorecer a la entidad, que terminó adquiriendo el inmueble.

Vox y los delito de odio

La ultraderecha irrumpe en el Parlament también con asuntos pendientes con la justicia. Los diputados Mònica Lora y Joan Garriga están acusados de un delito de odio como exmiembros de la cúpula del partido xenófobo Plataforma per Catalunya por la propaganda electoral que enviaron a los electores de varias ciudades para las municipales del 2011. El partido mandó un cheque simulado a nombre de un tal "Mohamed Alcabir Samir" con un importe de 4.000 euros en el reverso del cual se decía que el Parlament había repartido 4.000 millones de euros entre los inmigrantes en 2009 y 2010, y que cada catalán destinaba 600 euros de sus impuestos para que cada inmigrante recibiera 4.000 euros. Unas consideraciones absolutamente falsas.

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