Los juicios del 'procés'

La fiscalía reclama ampliar los procesamientos de altos cargos por el 1-O

La acusación pública requiere que se impute de nuevo a tres directores generales y que se amplíe la investigación de otros 12 encausados

El ministerio público solicita, por tanto, la revocación de la conclusión del sumario dictada por la jueza instructura

Ciudadanos votando el 1-O

Ciudadanos votando el 1-O / Ferran Sendra

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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La fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que ordene el procesamiento de nuevo de tres altos cargos de la Generalitat en la causa abierta por los preparativos del referéndum unilateral del 1-O, así como la ampliación de la imputación a 12 encausados, entre los que también figuran personas que ostentan puestos de responsabilidad en el Govern, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La acusación pública, de esta manera, solicita la revocación de la conclusión del sumario dictada el 8 de septiembre del 2020 por la jueza instructora y la práctica de diligencias, como la aportación de las actas levantadas por los Mossos d’Esquadra el día de la consulta en una serie de centros de votación y la transcripción de conversaciones telefónicas, entre otra.

Las fiscalas Isabel Nevot y Teresa Duerto han requerido el procesamiento de la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades en Catalunya, Maria Àngels Barberà, por no haber actuado “en su labor inspectora y sancionadora” cuando tuvo conocimiento de que por parte de la Generalitat “pudiera estar haciéndose un uso indebido de datos censales para llevar a cabo el referéndum”. En opinión del ministerio público, incumplió esa obligación a pesar de haber sido debidamente requerida por el Tribunal Constitucional de que debía impedir cualquier iniciativa que supusiera ignorar la anulación de la consulta soberanista.

Prevaricación y malversación

La acusación pública también reclama el procesamiento de Ignasi Genovés, director general de Difusió del Departamento de Presidència, y de Teresa Prohias, directora de servicios de la misma Conselleria, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia. El primero, por su participación en la tramitación de dos expedientes de contratación: uno para el diseño del anuncio promoviendo la inscripción en el registro de catalanes en exterior y el otro por la inserción en prensa escrita de dicha publicidad. Y a Prohias por su vinculación a la adjudicación del diseño de la misma.

La fiscalía, además, reclama que se incluya el delito de desobediencia a otros altos cargos inculpados porque “ostentaban competencias, atribuciones y responsabilidades” por las que tendrían que haber atendido las resoluciones del Constitucional “en orden a no colaborar e impedir”, dentro de su respectivo ámbito de actuación, la preparación y celebración del 1-O. Para otros, pide el procesamiento por descubrimiento y revelación de secretos. A Francesc Sutrias, que era director de patrimonio de la Generalitat, le pretende atribuir un presunto delito de prevaricación.