El revés a Puigdemont y a los presos del 'procés' aleja la distensión

Los hechos del convulso octubre de 2017 vuelven de nuevo al primer plano para condicionar el escenario español. La retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo y el regreso a prisión de los líderes del 1-O condenados por sedición alejan el periodo de distensión que, desde Barcelona y Madrid, algunos de los principales actores políticos quieren abrir. También ensanchan las grietas en el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos en un asunto que distancia como pocos a los dos partidos.

El resultado de las últimas elecciones catalanas dio esperanzas a quienes ven en el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat una oportunidad para el entendimiento. El PSC y ERC, primero y segundo en las urnas el 14-F, han apostado por esa vía frente a los planteamientos maximalistas de JxCat y de la derecha española. Pero las consecuencias de la declaración de independencia frustrada siguen limitando el debate, incluso antes de que se aborden en profundidad asuntos como los indultos o la reforma del delito de sedición.

El independentismo, que negocia estos días cómo plasmar en un nuevo Govern su mayoría absoluta en el Parlament, recibió este martes dos duros golpes. El primero era más previsible. A primera hora de la mañana se conocía que el Europarlamento dejaba por amplia mayoría sin inmunidad a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se marcharon a Bélgica poco después de declarar la independencia. La versión oficial en el ámbito soberanista es que el resultado fue más ajustado de lo previsto, y la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, llegó a calificarlo de “victoria” del soberanismo. Pero los números son claros: 400 eurodiputados votaron a favor de retirar la inmunidad al ‘expresident’, 248 en contra y 45 se abstuvieron.

Interpretaciones contrapuestas

Tras conocer la decisión, Puigdemont trató de insuflar moral al soberanismo insistiendo en la tesis de la “victoria moral” –porque los votos totales a favor de retirarle la inmunidad son algunos menos de los que suman los partidos que apoyaban hacerlo- y cargando contra las instituciones comunitarias. “Hoy es un día triste para el Parlamento Europeo. Hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento Europeo ha perdido más”, dijo antes de anunciar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), “el único que puede restaurar el daño que se ha hecho a la democracia europea”. Mientras, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, celebraba que la Eurocámara reconociese la “solidez del estado de derecho en España”. “Los problemas de Catalunya se resuelven en España, no en Europa”, añadió. Cada cual puede elegir la interpretación que prefiera.

Es cierto que la votación, secreta, hizo extraños compañeros de cama. Incluso dividió al Gobierno, en una nueva muestra de la complejidad del contencioso soberanista. La dirección de los grandes grupos de la Eurocámara, los que engloban a PSOE, PP y Cs, estaba a favor de retirar la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. En contra se pronunció una amalgama de partidos que fue desde Podemos y la mayoría de grupos de izquierda hasta la extrema derecha francesa de Marine Le Pen, pasando por casi todas las formaciones nacionalistas europeas.

Puigdemont ya no tiene inmunidad, pero eso no significa necesariamente que vaya a ser juzgado en breve en España. La votación de este martes es solo el primer paso para que eso pase, pero el camino es largo y el Tribunal Supremo está aún lejos de su objetivo.

Llarena intenta blindarse

De entrada, el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí ante el TJUE para pedir medidas cautelares que les devuelvan la inmunidad no impediría que el Supremo reactivara las euroórdenes para detenerles, que quedaron en suspenso cuando los exmiembros del Govern obtuvieron su escaño en el Parlamento Europeo. De hecho, el juez Pablo Llarena –que instruyó la causa del ‘procés’- ya se dirigió este martes al TJUE tras conocer el resultado de la votación para preguntar al tribunal, entre otras cosas, si considera que el Supremo es competente para juzgar a Puigdemont y sus compañeros. Lo hizo para intentar blindarse ante decisiones como la que la justicia belga tomó en enero, cuando denegó la extradición del ‘exconseller’ Lluís Puig precisamente porque en su opinión el alto tribunal español no debía ser quien le procesara, sino que debía hacerlo un tribunal catalán.

En función de lo que conteste el TJUE, Llarena decidirá si reactiva o no el procedimiento para extraditar a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Si lo hace, la decisión sobre su detención y vuelta a España volvería a quedar en manos de los tribunales de Bélgica y Escocia –donde vive Ponsatí-, que ya han propiciado varios reveses a la justicia española.

Si el juez Llarena reactiva la euroorden, el futuro de Puigdemont estará de nuevo en manos de la justicia belga

Mientras se iban conociendo las reacciones a la votación del Parlamento Europeo llegó la segunda noticia de la jornada que afectaba a los promotores de la declaración de independencia de 2017. El juzgado de vigilancia penitenciaria revocaba la semilibertad de siete de los condenados por sedición –empezando por Oriol Junqueras-, que les había permitido hacer campaña en las últimas elecciones. Tras estimar el recurso de la fiscalía, el juzgado disponía que todos ellos volvieran este mismo martes a la cárcel de Lledoners.

Un tercer grado "prematuro"

Los autos sostienen que el pase a tercer grado de los impulsores del ‘procés’ es “prematuro” y “precipitado”, teniendo en cuenta la magnitud de las condenas que se les impusieron, que van desde los nueve a los 13 años de prisión. En opinión del juez, además, no se aprecia que asuman su responsabilidad por “haber quebrado normas básicas de convivencia” durante los hechos de 2017 o de que tengan “conciencia” de haber cometido delitos. En cualquier caso, la decisión no afecta a Carme Forcadell y Dolors Bassa, que de momento siguen en régimen de semilibertad, que les permite salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir, de lunes a jueves.

Mientras tanto, ERC, JxCat y la CUP se reunían para negociar, por ahora sin éxito, la composición de la nueva Mesa de la Cámara y la configuración del próximo Govern. El tiempo se les va agotando, porque el próximo viernes se constituye el Parlament de la XIII legislatura. Pero noticias como las de este martes complican más si cabe la posibilidad de empezar a quebrar los bloques que atenazan la política catalana desde hace años. Si es que había alguna.

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