Puigdemont pierde la inmunidad. ¿Y ahora qué?

Siguen siendo eurodiputados

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria no supone que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pierdan su condición de eurodiputados, ni que sean extraditados automáticamente. Únicamente permitirá reactivar las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas cuando asumieron sus escaños. Es decir, la concesión del permiso para actuar contra ellos permite retomar la vía judicial en Bélgica (que decide sobre Puigdemont y Comín) y Escocia (que resuelve sobre Ponsatí), pero no garantiza su entrega. El informe aprobado solo contempla la retirada de la inmunidad para dar respuesta a la petición del Supremo, pero no prevé juicio alguno.

Recurso ante el TJUE

Puigdemont, Comín y Ponsatí anunciaron de inmediato un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Eurocámara y pedir medidas cautelares para mantener su inmunidad. Seguramente, en ese recurso alegarán que el proceso no ha sido imparcial y que son víctimas de una persecución política, apoyándose en declaraciones de eurodiputados conservadores. Sin embargo, ese recurso no paralizará la retirada de la inmunidad y se podrían reactivar las euroórdenes. De hecho, aunque mantienen la inmunidad, si viajan a otros países se expondrían a que la justicia de dicho país aplicase un criterio distinto al de los tribunales belgas y aceptasen la extradición.

Llarena también acude al TJUE

Ante el temor a que se aplicase con Puigdemont, Comín y Ponsatí el mismo criterio que con Lluís Puig, el juez Llarena ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE sobre las razones de denegación de una euroorden antes de decidir si las reactiva, a fin de que la justicia europea fije de forma clara y precisa los criterios para rechazarlas. La tramitación de esta cuestión supondrá la paralización del proceso en Bélgica y Escocia a la espera del dictamen de Estrasburgo. Ante las dudas legales, Llarena plantea siete preguntas al Tribunal de Justicia de la UE, que pide tramitar por el procedimiento acelerado, con la cuestión de la competencia del Tribunal Supremo como eje nuclear de la cuestión.

Las otras dudas sobre la euroorden

Aparte de la competencia, los jueces belgas deniegan la entrega de Puig por apreciarse un riesgo de violación de los derechos fundamentales a ser enjuiciado por un tribunal independiente e imparcial, atendiendo a un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria. Llarena pregunta al TJUE si se puede denegar la entrega a partir de un informe que presenta el propio reclamado de un grupo que no fue creado por el Comité de Derechos Humanos, sino por el Consejo de Derechos Humanos, y por tanto no está creado al amparo de ningún tratado internacional. Y también si ese informe es un elemento fiable, preciso, objetivo y debidamente actualizado para justificar la denegación.