El juez de vigilancia penitenciaria anula la semilibertad a los presos del 'procés'

Nuevo episodio en las idas y venidas judiciales de los presos del 'procés'. El juzgado catalán de vigilancia penitencia número 5 ha revocado este martes el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad que la Generalitat concedió el pasado mes de enero a los siete reclusos de la cárcel de Lledoners: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Así lo reclamaba la fiscalía y así se ha aplicado de manera inmediata, pues seis de los siete presos han cruzado de nuevo la puerta de la prisión a última hora de la tarde. Josep Rull no ha ingresado porque está convaleciente de una cirugía.

Hace dos semanas, el mismo juez rechazó suspender cautelarmente la progresión a tercer grado como pidió la fiscalía, y les mantuvo en semilibertad hasta tomar la decisión sobre el fondo del asunto, que ha publicado este martes. Esta resolución implica que los presos vuelven a estar clasificados en segundo grado y, por lo tanto, solo podrán disfrutar de permisos y salidas para trabajar o hacer voluntariado, aunque tienen derecho a 36 días de permisos ordinarios anuales, puesto que todos ellos han cumplido ya una cuarta parte de la condena que les impuso el Tribunal Supremo.

De acuerdo con la legislación, la Generalitat está obligada a revisar la clasificación penitenciaria de los reclusos antes del 14 de julio, cuando se cumplen seis meses desde la última propuesta de las juntas de tratamiento para que se les concediera el tercer grado, que la justicia ha revocado este martes. Mientras tanto, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la 'exconsellera' Dolors Bassa seguirán disfrutando del tercer grado --que les permite salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir, de lunes a jueves--, puesto que el juzgado del que dependen las cárceles donde cumplen condena no se ha pronunciado aún sobre el recurso de la fiscalía.

Concesión "prematura"

Los autos, que se pueden recurrir ante el propio juzgado o directamente al Supremo, sostienen que la concesión de la semilibertad a los presos del 'procés' es "prematura" y "precipitada", teniendo en cuenta las penas impuestas --de 9 a 13 años--, y recuerda que los internos no asumen que cometieron delito alguno, lo que aboca al fracaso su tratamiento penitenciario de reinserción.

El magistrado Mariano David García, que está de suplente en el juzgado de vigilancia número 5, se ha desmarcado así de la decisión de la titular, que el pasado mes de julio avaló la concesión del tercer grado a los presos del 1-O, aunque se lo suspendió a la espera de que el Supremo se pronunciara.

El juez considera "llamativo" que los nueve reclusos hayan seguido idéntico recorrido penitenciario, cuando lo habitual es que personas implicadas en unos mismos hechos tengan una "evolución diversa y, en consecuencia, una respuesta individualizada".

En ese sentido, da la razón a la fiscalía y admite que en el itinerario de los presos del 1-O hay una "apariencia de vaciado de pena, lo que exige una especial vigilancia para que ello no se produzca realmente y que en todo caso está llamada a ser corregida a través del control" por parte de los juzgados y del Supremo.

Sin arrepentimiento

De hecho, el juez se remite a la resolución en que el Supremo revocó en diciembre pasado el tercer grado y sostiene que, aunque la duración de la pena no debe ser el único criterio a tener en cuenta para una progresión de grado, "tiene que transcurrir tiempo suficiente para que el tratamiento penitenciario produzca sus efectos, lo que se entiende que no ha ocurrido".

Según el magistrado, de los informes penitenciarios se desprende que los internos asumen los hechos por los que fueron condenados y se responsabilizan de ellos, pero estos "aparecen contextualizados, minimizados o justificados".

Además, en opinión del juez, la responsabilidad que asumen por lo que hicieron es "de tipo política (en función de su cargo) o moral (en función de sus convicciones), pero no se atisba en ellos un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber quebrado normas básicas de convivencia". "Y no se trata en ningún caso de que se produzca un arrepentimiento (figura solo prevista en delitos de terrorismo), sino únicamente tener conciencia de la comisión delictiva", precisa.

Para el juez, es "evidente" que si un interno no asume haber perpetrado un delito "el tratamiento aplicado fracasará en su finalidad de evitar la reiteración delictiva", por lo que concluye que los programas de reinserción no han "tenido el resultado satisfactorio necesario".

Clamor de los presos

Sànchez y Romeva han sido los primeros en anunciar que habían recibido la comunicación de que les retiraban el tercer grado tanto a ellos como al resto de presos independentistas de Lledoners. La fiscalía había solicitado que se suspendiera el régimen de semilibertad en el que se encontraban mientras el Tribunal Supremo resuelve la concesión del tercer grado por parte de la Generalitat.

"Nos quitan el tercer grado. Nos lo acaban de comunicar. De nuevo nos encierran en la cárcel. No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente, plenamente libre, democrático y próspero. Seguimos sin desfallecer", ha afirmado Sànchez en un tuit.

Minutos antes, Romeva había abandonado un debate organizado por el Institut Sobiranies al recibir una comunicación no oficial sobre la anulación del régimen de semilibertad: "Sabíamos que en cualquier momento podría llegar, parece que nos lo comunicarán ahora. Estoy esperando a que nos digan algo. De momento es una comunicación no oficial pero es posible que sea inminente".

Los líderes independentistas presos han reaccionado denunciando que continúa la "línea represiva" del Estado y advirtiendo de que, pese a ello, no van a "desfallecer" en defensa de una Catalunya independiente. También desde Twitter, Junqueras ha salido al paso de la noticia: "Sabemos que la justicia española no se detendrá nunca. Nosotros tampoco, y continuaremos trabajando incansablemente por la libertad, la justicia social y la república catalana. No desfallezcáis porque nosotros no lo haremos".

"Ni arrepentimientos, ni tercer grado: desde el exilio, la cárcel o a pie de calle, nunca dejaremos de luchar, nunca. ¡Siempre adelante!", ha exclamado el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Desde el Govern, el 'president' en funciones, Pere Aragonès, y otros 'consellers' han tachado la decisión judicial de "injusticia", "vergüenza" y "venganza".