Seísmo en la Monarquía

¿Quiénes son los fiscales que tienen en sus manos el futuro del rey Juan Carlos?

Son cuatro hombres y dos mujeres de la máxima categoría de la carrera fiscal especializados en delitos económicos y en cooperación internacional

Togas y puñetas de varios jueces del Tribunal Supremo

Togas y puñetas de varios jueces del Tribunal Supremo / periodico

Ángeles Vázquez

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No suele ser normal que se sepa que la fiscalía tiene abiertas diligencias de investigación antes de su conversión en denuncia o querella. Pero no hay nada que afecte al rey emérito que se pueda calificar como normal. Quizá por eso, como contrapeso, lo que tienen en común los seis fiscales elegidos para decidir si procede dar ese paso o corresponde el archivo es que compartan un perfil tan profesional y preparado como reservado y discreto. Así se explica que pese al asunto que tienen entre manos pocos recuerden sus nombres más allá del de Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo, o Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción.

Juan Ignacio Campos

Fiscal desde 1978 fue nombrado en 2012 fiscal de Sala del Supremo de Delitos Económicos. En junio del año pasado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le entregó la coordinación de las diligencias de investigación abiertas por la presunta comisión de 65 millones de euros que el rey emérito habría recibido de la monarquía saudí por la construcción del AVE a La Meca. Desde enero es el teniente fiscal del Supremo, y con ello se convirtió en el número uno del escalafón.

Alejandro Luzón

Como fiscal jefe Anticorrupción estuvo al frente de las diligencias relativas al rey hasta que se hacían públicas, momento en el que fueron remitidas a la fiscalía del Supremo dada la condición de aforado del exjefe de Estado. Hasta el pasado noviembre, cuando se decidió incorporarle al equipo de sus compañeros del alto tribunal para aprovechar la infraestructura para la persecución de los delitos económicos con los que cuenta la fiscalía Especial, en la que Luzón ha ejercido desde su creación. Su profesionalidad y dedicación fue reconocida por sus compañeros cuando asumió su jefatura tras la dimisión de Manuel Moix, en 2017.

Paloma Iglesias

Llegó al Supremo en 2005 y forma parte del grupo de fiscales que en torno a Campo abordaron la tarea de profundizar en la jurisprudencia del alto tribunal sobre delitos económicos para fijar criterios de actuación comunes para los representantes del ministerio público del alto tribunal. Iglesias, que, según las fuentes consultadas, ahora está de baja, fue quien defendió ante el Supremo la condena de dos años de cárcel del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados por el ‘chivatazo’ que recibió de un guardia civil por el ‘caso Púnica’.

José Antonio del Cerro

Accedió al Supremo en 2015, tras años en la secretaría técnica con distintos fiscales generales, y enseguida se incorporó al núcleo duro de fiscales especializado en delitos económicos bajo la batuta de Campo. Quienes le conocen le reconocen su capacidad para buscar una solución a los problemas que se plantean y su lealtad a la fiscalía a la hora de resolverlos con la opción que se presenta más conveniente para todos.

Juan Carlos López Coig

Fiscal jefe de la Fiscalía de Alicante hasta que en 2014 se incorporó al Supremo. También forma parte de los fiscales especializados en delitos económicos del equipo de Campo, por lo que ha participado en las diligencias abiertas al rey emérito desde que las asumió el ministerio público del alto tribunal. Miembro de peso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) está muy buen considerado por sus compañeros que destacan lo improbable que resulta que algo se le escape.

Rosa Ana Morán

Tras 10 años en la Secretaría Técnica, en 2011 fue nombrada fiscal de Sala de Cooperación Internacional. Su experiencia en este campo cobra una especial relevancia en las diligencias del rey emérito debido al gran número de comisiones rogatorias cursadas a distintos países, como Suiza, México o Londres. Las últimas se han librado a Mónaco, para tomar declaración a Álvaro de Orleans, primo del Juan Carlos I, y a Jersey, en la que aún se está a la espera de recibir respuesta de si se va a cumplimentar.

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