El Supremo pide también informe al Tribunal de Cuentas sobre los condenados por el 'procés'

El tribunal que juzgó el ‘procés’ ha ampliado los informes que suelen ser necesarios para pronunciarse sobre un indulto y este lunes ha procedido a solicitar también al Tribunal de Cuentas uno para conocer el estado de los procedimientos de responsabilidad contable que abrió por el referéndum ilegal del 1-O a los líderes independentistas condenados en esta causa, los huidos, con Carles Puigdemont a la cabeza, y varios altos cargos de la Generalitat en 2017. La abogacía del Estado considera que necesita tener esta información para pronunciarse sobre los indultos solicitados para los que cumplen condena.

Con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O el Tribunal de Cuentas impuso a todos los que habían tenido alguna participación en el 1-O una fianza de 4,1 millones de euros en enero del año pasado. Una semana después, en ese concepto el Supremo transfirió al Tribunal de Cuentas los dos millones que guardaba en concepto de fianza de responsabilidad civil dentro el procedimiento penal que siguió; la caja de solidaridad de las entidades soberanistas que había abonado la penal también se encargó de hacer lo propio con la diferencia para evitar los embargos de los implicados.

Un cuarto informe

El informe solicitado al Tribunal de Cuentas será el cuarto que el Supremo reciba para hacer el suyo, como tribunal sentenciador, que junto al de la fiscalía, son los únicos que la ley de indultos obliga al Ministerio de Justicia a recabar para poder elevar una propuesta al consejo de ministros sobre la concesión de la medida de gracia.

En su informe el Supremo, también incluirá el de Instituciones Penitenciarias, que únicamente se refiere al adecuado cumplimiento de la condena impuesta, por lo que no tiene el rango del fiscal y, por supuesto, de los jueces que juzgaron el caso. La fiscalía se opuso con vehemencia a la concesión de la gracia, al considerar que no se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño necesarios para apoyar semejante medida.

El Supremo también pidió informe a la Abogacía del Estado, que ejerció la acusación particular en el procedimiento, en defensa de los intereses del Estado por el delito de malversación por el que también se condenó a cuatro de los líderes independentistas enjuiciados: el líder de ERC Oriol Junqueras y los 'exconselleres' Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La petición de la Sala de lo Penal del Supremo se dirige a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a petición de la Abogacía del Estado, para conocer las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.