Resoluciones del 'procés'

La fiscalía se querella contra Torrent por desobediencia

  • El ministerio público acusa al presidente del Parlament y a tres miembros de la Mesa por tramitar varias resoluciones del 'procés'

  • El jefe de la Cámara catalana defiende que en la institución se pueda hablar de todo: "Y así debe continuar siendo"

Roger Torrent, en el pleno.

Roger Torrent, en el pleno. / ACN / ERC

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La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este lunes una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y los miembros de la Mesa de la Cámara Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista. Tras conocerse la querella, Torrent ha defendido que en el Parlament siempre se ha podido "hablar de todo, y así debe continuar siendo".

En enero de 2020, el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara la interposición de una querella por delito de desobediencia contra Torrent por admitir la tramitación de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Catalunya y se reprobaba al rey Felipe VI. Ambos textos fueron recurridos por el Gobierno del PSOE.

El alto tribunal consideró entonces que estas resoluciones de la Cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del proceso de independencia. El Constitucional advirtió expresamente a la Mesa de que debía abstenerse de realizar cualquier actuación referente a estas mociones en los apartados anulados.

"Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la Monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos", ha afirmado Torrent en Twitter. Después, en declaraciones a los medios, ha lamentado que la fiscalía siga "insistiendo en el error" e intente "perseguir una voz libre" para impedir que desde el Parlament se "pueda hablar de todo".

Pero Torrent también ha interpelado al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reclamado "valentía y coraje" para que no deje que el "conflicto político" catalán quede en manos de los "enemigos del diálogo". Para el presidente del Parlament, no es casual que la querella se haya presentado coincidiendo con las negociaciones para formar Govern tras las elecciones catalanas.

La querella relata que el 22 de octubre de 2019, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y CUP registraron en el Parlament una propuesta de resolución por la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el 'procés' y el 1-O en la que se volvía a reivindicar la "defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político".

Advertencias desoídas

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La fiscalía sostiene que "pese a las expresas advertencias de la ilegalidad" realizadas por el secretario general del Parlament y la oposición de los restantes miembros de la mesa del Parlament, Torrent, Costa y Campdepadrós, acordaron admitir a trámite la propuesta de resolución, "a sabiendas de lo ordenado y apercibido" por el Tribunal Constitucional. El ministerio público incide que estos dirigentes políticos desestimaron las peticiones de reconsideración efectuadas por otros grupos parlamentarios y avalaron que se debatiera el 12 de noviembre de 2019. Hicieron caso omiso, según la acusación, a la advertencia de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir" las resoluciones del Constitucional.

Lo mismo ocurrió cuando la mesa del Parlament aceptó ese 22 de octubre tramitar a otra resolución de JxCat, ERC y la CUP en la que se reiteraba la "reprobación de la monarquía", pese "a las expresas advertencias" realizadas por el secretario general del Parlament y también "a sabiendas" de lo ordenado por el Constitucional. Según la fiscalía, la Mesa tampoco tuvo en cuenta los dictados del Constitucional al avalar que se debatiera otra proposición de la CUP sobre la "expresa voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación. Las dos resoluciones fueron aprobadas el 12 de noviembre de 2019.