El informe de la Eurocámara propone levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

El informe sobre los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí propone levantar la inmunidad parlamentaria de la que gozan el 'expresident' y los 'exconsellers', según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes parlamentarias. El ponente del documento, el ultraconservador búlgaro Angel Dhambazki, que pertenece al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) al que también está adscrito VOX, remitió su propuesta de informe este pasado miércoles a los miembros de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo para su debate en comisión este lunes, de nuevo a puerta cerrada para respetar la confidencialidad del proceso, y la posterior votación el martes.

El documento, de carácter confidencial y adelantado por 'Abc', aboga de esta forma por responder positivamente a la solicitud remitida hace algo más de un año por el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al Parlamento Europeo, que quedó paralizada durante meses tras la irrupción del coronavirus en el continente europeo hasta que el proceso se reactivó a finales del año pasado. Una vez que la comisión de asuntos jurídicos se pronuncie el martes, y si no hay sorpresas de última hora, el informe se someterá a voto en el siguiente pleno de la Eurocámara, es decir, en la sesión que arrancará la semana del 8 de marzo.

"Mayoría clara"

Según avanzó a mediados de enero el eurodiputado popular Esteban González Pons, tras la audiencia con los tres eurodiputados, hay una "mayoría clara" a favor de conceder el suplicatorio. Si finalmente el Parlamento Europeo decide levantar la inmunidad parlamentaria -se requiere una mayoría simple- la justicia belga y escocesa podrán reactivar los procesos de extradición que quedaron congelados cuando fueron designados eurodiputados. Un procedimiento que de ponerse en marcha de nuevo podría dar también sorpresas, al menos en Bélgica. El Tribunal de Apelación de Bruselas ya rechazó el pasado 7 de enero la entrega a España del 'exconseller' de Cultura, Lluís Puig, reclamado por malversación de fondos públicos en relación al 1-0 y cuyo procedimiento no quedó congelado por no ser eurodiputado.

En su caso, la corte belga rechazó la orden europea de detención y entrega al considerar que el Supremo no era el órgano competente para juzgarlo así como por la existencia de un riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia del político catalán, según informaron tras la decisión fuentes de la defensa del político catalán. Ambos elementos han formado parte de los argumentos esgrimidos por los políticos catalanes durante la audiencia celebrada a mediados de enero en la que ninguno se "salió del guión". Alegaron que el Supremo no era competente para juzgarles y que la petición responde a un caso de persecución política para impedir que sigan ejerciendo como eurodiputados.

Documento confidencial

Aunque la filtración del informe no cambia el sentido del mismo, el presidente de la comisión de asuntos jurídicos, Adrián Vázquez (Cs), ha mostrado su malestar. "Es un procedimiento parlamentario muy serio y es fundamental concienciar en la necesidad de mantener la confidencialidad del mismo durante todo el proceso. Hacer filtraciones no sólo es éticamente reprobable, sino que pueden suponer la apertura de un procedimiento sancionador a quien las haya realizado. Sigue sorprendiéndome que haya personas que sigan sin entender que esto no es un juego, ni algo de lo que haya que sacar ventaja política", ha explicado a este diario.

De hecho, Puigdemont presentará una queja al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, por la filtración del informe sobre el suplicatorio. Según fuentes de la defensa del expresidente de la Generalitat consultadas por la ACN, su intención es denunciar lo que considera una "ruptura de la confidencialidad" del procedimiento del suplicatorio.

Aval habitual

El Parlamento Europeo aprueba generalmente casi todas las peticiones que recibe para levantar la inmunidad de sus eurodiputados que “no se puede suspender" cuando "la investigación, detención o el procedimiento judicial se refieren a las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”. Cuando el procedimiento no tiene relación con la tarea de eurodiputado, se “procede a la suspensión” salvo que “la intención subyacente en el procedimiento judicial consista en perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución”.