El PSOE y Podemos trasladan su batalla interna a la reforma de los delitos de opinión

La coalición del PSOE y Podemos funciona a veces desordenadamente, pero no suele hacer anuncios nocturnos y vagos sobre asuntos que hasta ahora no había atendido. Este lunes, sin embargo, al filo de las nueve de la noche, la Moncloa difundió un breve comunicado en el que informaba de que el Ministerio de Justicia iba a “plantear” una reforma del Código Penal para que los delitos de opinión no acarrearan penas de cárcel. La iniciativa se producía a seis días de las elecciones catalanas, tras la polémica condena al rapero Pablo Hasél a nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona, una condena que a su vez provocó un manifiesto en el que Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar y otros 200 artistas se solidarizaban con Hasél y alertaban de los riesgos para la libertad de expresión que entrañaba su encarcelamiento. 

El comunicado del Ejecutivo dejaba muchas cosas por concretar de la reforma. Pero cuando se preguntaba a Justicia, responsable de esta medida, fuentes del ministerio contestaban que no podían aportar más, porque era una “decisión del Gobierno”. 

Tan solo unos minutos después, Podemos informaba a través de su grupo parlamentario que había registrado en el Congreso una ley de protección de la libertad de expresión con el mismo objetivo que la reforma que acababa de anunciar la Moncloa, mostrando así un nuevo episodio (tras las pensiones, la reforma laboral, la Monarquía, el precio de la luz, los alquileres y la ‘ley trans’, entre otros) de la batalla interna que libran los socios de la coalición. Ante la posibilidad de que los morados se apuntaran el tanto y volvieran a argumentar que el Ejecutivo se mueve gracias a ellos, los socialistas se adelantaron con el inesperado comunicado a las nueve de la noche. 

El PSOE y Podemos podrán aprobar en el Congreso el cambio legal gracias a la mayoría del bloque de la investidura, con los nacionalistas y las formaciones de izquierda, pero no hay ninguna fecha para una reforma que, admiten en la Moncloa, se encuentra todavía en un estado muy inicial. El Consejo de Ministros no estudiará la modificación en su reunión de este martes. No hay ningún calendario fijado, dentro de un conjunto de propuestas de reforma penal que el Ejecutivo ha ido planteando y que también incluyen la rebaja del delito de sedición, iniciativa con la que resultarían beneficiados los líderes del ‘procés’. El Gobierno se comprometió a impulsar este último cambio a lo largo del año pasado, pero ahora explica que lo hará en algún momento sin especificar de 2021. 

El manifiesto de los artistas

La carrera entre los socios por apuntarse el tanto de suavizar las penas que acarrean los llamados delitos de opinión, que en los últimos años han ocasionado sentencias muy controvertidas, es ante todo política. Las elecciones catalanas se encuentran a la vuelta de la esquina, y el manifiesto de los artistas (varios de ellos tradicionalmente cercanos al PSOE) había provocado preocupación en las filas socialistas. 

“El encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”, señala el escrito de los creadores.

Iniciativas distintas

“El Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad. El ministerio, en su propuesta, considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal”, anunció la Moncloa en su comunicado.

“En este sentido, el Gobierno entiende que el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española”, continuaba el escrito.  

Poco más tarde, tras haberse remitido al comunicado del Gobierno sin aportar nada más, Justicia ampliaba la información. Pero al mismo tiempo no daba por hecho, al contrario que la Moncloa, que la reforma fuese a llevarse a cabo. Solo hablaba de una “posibilidad”. 

“El Ministerio de Justicia se encuentra estudiando la posibilidad de reformar los delitos más controvertidos comprendidos en lo que comúnmente se denominan delitos de expresión, entre los que se hallan el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos. La reforma está justificada porque estos tipos penales adolecen de: Primero, una cierta indefinición del bien jurídico protegido. Segundo, por la amplitud de la conducta típica descrita en la norma, lo que genera inseguridad. Tercero, por la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva”, explicaron en el departamento que dirige Juan Carlos Campo.

La propuesta de Podemos va encaminada al mismo destino, pero presenta alguna diferencia, al proponer directamente la derogación de los artículos que recogen estos delitos. “En los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ‘ley mordaza’, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal, provenientes de la dictadura, que criminalizan conductas como el envío de mensajes en redes sociales o canciones de rap. El sistema judicial español ha sido reprendido en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerar la libertad de expresión. Estos artículos no tienen cabida en un sistema democrático moderno y europeo”, señalaron en el partido de Pablo Iglesias.