La expectación generada por Bárcenas marca el juicio de la caja b del PP

La causa por la caja b del PP, iniciada a raíz de la contabilidad manuscrita que el extesorero del partido Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en 2013 -lo que se llamó 'papeles de Bárcenas'- comenzará a ser juzgada este lunes en la Audiencia Nacional. Pero, acorde con lo accidentada que fue su instrucción, no se sabrá hasta después de las cuestiones previas si esta misma semana conoceremos hasta dónde está dispuesto a llegar Bárcenas en la colaboración con la justicia que anunció el miércoles pasado. El tribunal debe decidir si suspende la vista hasta que el exgerente del partido Cristóbal Páez, que ha dado positivo en covid, esté en condiciones de declarar o sigue adelante aprovechando que la tecnología permite seguir el juicio y declarar a distancia.

Con su confesión, Bárcenas puso el foco sobre el juicio a la vez que dejaba negro sobre blanco lo que debía determinarse: que la reforma de la sede central del partido se pagó con dinero negro, procedente de las donaciones de empresarios al partido que querían ser adjudicatarios de obra pública, aunque esta segunda parte aún sigue en instrucción. Llegó a ser archivada, pero se reabrió cuando en el juicio de la primera época de la 'Gürtel', el líder de la trama, Francisco Correa, confesó que intermediaba ante Bárcenas y su antecesor en la tesorería, el fallecido Álvaro Lapuerta, para que empresarios lograran contratos de Fomento y Medio Ambiente. La sentencia que se dictó entonces fue la que provocó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno.

Acusar al PP o no

Por la caja b del PP, Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión por apropiación indebida, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública. Pero las acusaciones solicitan penas muy superiores; la de IU, por ejemplo, pide 19 años y 7 meses por esos mismos delitos, más organización criminal, tráfico de influencias y falsedad de fondos electorales.

El fiscal, además, solicita año y medio de prisión para Páez por falsedad documental y contra la Hacienda Pública, y tres años y diez meses para David Urquijo y Belén García, responsables del estudio de arquitectura que realizó las obras en la sede central del PP. IU, en cambio, pide 13 y siete meses para Páez, y ocho años para Urquijo y para García.

Pero la principal diferencia entre la fiscalía y la acción popular es que la primera no acusa al Partido Popular al entender que no resultó “debidamente justificada la perpetración del delito contra la Hacienda Pública por fraude en el impuesto sobre Sociedades en el ejercicio de 2008” y que, en todo caso, se quedaría en 25.630 euros, así como que las donaciones se encuentran exentas. Las acusaciones, como IU, solicitan que sea declarado responsable civil subsidiario de lo que fueron entregándole los empresarios que asciende a 6.687.344 euros.

Fondos en metálico

Según el fiscal Antonio Romeral, durante el tiempo en que Bárcenas y Lapuerta estuvieron al frente de la tesorería del partido, recibieron fondos en metálico de empresarios que no podían donar al partido porque se lo prohibía la ley, por lo que "del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas".

"Se llevaban en unas hojas a modo de contabilidad paralela -contabilidad b- que cumplimentaba Bárcenas y supervisaba Lapuerta", explica el fiscal, que añade que ese dinero era "ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido" y se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas.

Millón y medio

Según su escrito de acusación, el PP destinó para pagar las obras de su sede primero 664.000 euros y en 2008, 888.000 euros; unos pagos en negro acordados por Bárcenas y Lapuerta con Urquijo, con el conocimiento de Páez. Considera a los dueños de Unifica responsables de un delito fiscal y otro de falsedad, por las facturas con las que se quisieron justificar las obras, y a los exresponsables de tesorería del partido, cooperadores en ello.

El fiscal también imputa al extesorero un delito de apropiación indebida por quedarse Lapuerta con 209.550 euros de la caja b para comprar acciones de Libertad Digital. En su confesión, Bárcenas lo justifica en que este medio alentó la autoría de ETA del atentado del 11-M.