Negociación in extremis

El Gobierno salva el decreto de los fondos europeos con la abstención de Vox

  • Los ultras facilitan la aprobación de las medidas ante el rechazo de ERC de apoyar al Ejecutivo

  • La reforma del CGPJ sigue adelante tras fracasar todas las enmiendas a la totalidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso  / E. Parra / Europa Press

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El Gobierno sufrió este jueves para aprobar el real decreto con medidas que permitirán agilizar la llegada a España de los 140.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Socialistas y morados acudieron a la Cámara baja sin los apoyos necesarios con ERC -socio presupuestario del Ejecutivo- instalada en el 'no'. Tras unos minutos de angustia en los que PSOE y Unidas Podemos temieron perder la votación –habría sido la segunda vez en esta legislatura- la formación de Santiago Abascal dio la sorpresa. Vox anunció su abstención, facilitando así la aprobación del real decreto. Un gesto que no dejó a nadie indiferente y que provocó el enfado del PP, que rechazó la iniciativa. 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, fue la encargada de subir a la tribuna del Congreso para esgrimir que el objetivo del real decreto es "poder ejecutar y hacer realidad los fondos" que se pactaron en la Unión Europea. "Hay que tener los instrumentos necesarios" para gestionar las transferencias, presionó la dirigente socialista a los republicanos catalanes, pese a que con los actuales mecanismos es posible la recepción de estas ayudas. A modo de incentivo final, Calvo abrió la puerta a tramitarlo como proyecto de ley. Un mecanismo que permite a los grupos parlamentarios negociar los cambios que consideren necesarios. Ni siquiera con esas logró convencer. 

Cuando el éxito de la votación se veía ya comprometido, el giro de guion protagonizado por Vox salvó el real decreto. "Hemos decidido abstenernos, porque nos parece lo más sensato teniendo en cuenta lo importante y lo urgente que es que estos fondos lleguen a los españoles con independencia del color del Gobierno que lo esté gestionando", explicó su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, antes de negar cualquier negociación con los socialistas. 

En el Gobierno achacaron este gesto a la proximidad de las elecciones catalanas y a la necesidad de Vox de parecer un partido razonable. Sea como fuera, la vicepresidenta primera agradeció –de manera indirecta- a los ultras su posición y aprovechó para atacar al PP por su “inenarrable e incomprensible” actuación. Según dijo, el 'no' de los conservadores ejemplifica la "antipolítica" y la "anticapacidad" de buscar el bien común.

Falta de transparencia

Los de Pablo Casado también se sorprendieron con la abstención de Vox. Fuentes conservadoras lo achacaron a un error de cálculo político, aunque públicamente cargaron contra los ultras por salvar el "sistema clientelar" para el reparto de fondos planteado por el Gobierno. "Luego vendrán con mociones de censura, pero Vox es un salvavidas para Sánchez", sentenció el secretario general del PP, Teodoro García Egea

El Ejecutivo también tuvo en contra a Cs, ERC, Junts, PDeCAT, UPN, la CUP y Foro Asturias. El 'no' más reseñable fue el de los republicanos catalanes, socios del Gobierno de coalición. Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, aseguró que se trata de una medida que deja en el olvido a los trabajadores y a las pymes en favor de las grandes multinacionales y que centraliza las decisiones en Madrid. El resto de partidos que rechazaron el real decreto esgrimieron la ausencia de transparencia en el proceso planteado por socialistas y morados. En el 'sí, la coalición contó con el PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, PRC, Coalición Canaria y Teruel Existe.

La tramitación

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Salvado este escollo –y el debate de otros cuatro reales decretos-, la Cámara baja llegó al que en principio iba a ser el momento tenso de la jornada: la discusión, al final descafeinada, en torno a la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. PSOE y Podemos han propuesto limitar su capacidad cuando esté en funciones y PP, Vox, Cs y Junts presentaron sus propias enmiendas a la totalidad para tumbar el texto del Gobierno. No tuvieron éxito.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, tachó la iniciativa de los partidos del Ejecutivo de "tropelía parlamentaria"; el secretario general ultra, Javier Ortega Smith, les acusó de "continuar con el reparto obsceno" del poder judicial, y el portavoz naranja, Edmundo Bal, lo calificó de "traición a la separación de poderes".