El PP fuerza la dimisión del consejero de Ceuta que se había puesto la vacuna

El jueves pasado, Pablo Casado se decidió a dar una entrevista en directo en la televisión. No es muy amigo de ese tipo de cara a cara con los periodistas. Fue en la Sexta. El líder del PP quería sacar rédito de la dimisión del consejero de Sanidad de la Región de Murcia, uno de los primeros casos que se conoció de enchufe entre los políticos para ponerse la vacuna contra el covid-19. Manuel Villegas había dejado el cargo y Casado dijo ante las cámaras que ese paso atrás resumía la "ejemplaridad" que él defiende para su partido. Casado se atribuyó el cese. "La ejemplaridad que exijo es muy clara", proclamó ante las cámaras.

Horas más tarde, saltó otro caso igual en Ceuta. Otro político, también del PP en este caso, se sumaba a la lista de representantes públicos de todos los partidos que han hecho caso omiso del protocolo marcado por el plan de vacunación. El consejero de Sanidad de la ciudad autónoma, Javier Guerrero, también se había vacunado.

Después de escuchar a Casado tan contundente, parecía que la salida de Guerrero del Gobierno iba a ser cuestión de horas, pero no fue así. El consejero se ha agarrado al sillón y la dirección nacional del PP, con el secretario general, Teodoro García Egea, a la cabeza, ha necesitado cinco días para torcer su brazo. En un comunicado emitido por la presidencia, Guerrero ha dado a conocer su dimisión "irrevocable" y su renuncia al acta de diputado en la asamblea de la ciudad autónoma.

La semana pasada, el afectado dijo que no lo dejaría porque, a su juicio, no había incumplido ningún protocolo. Además, añadió que no le gustan las vacunas y que no se vacunaba "ni de la gripe". "Yo no quería vacunarme", aseguró, antes de explicar que sus técnicos le dijeron que o se vacunaba él o ellos tampoco lo harían.

En el comunicado emitido hoy, el Gobierno ceutí asegura que finalmente deja el cargo y el acta "tras volver a reflexionar" aunque sigue pensando que ha actuado "de forma correcta y de buena fe".

El protocolo de vacunación, acordado entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, marca que en esta primera fase deben ser los mayores de las residencias y el personal sanitario de primera línea los que deben recibir el antídoto. Las noticias que han salido sobre políticos o altos cargos que han utilizado su poder para colarse han abierto dos debates principales: si se les debe castigar sin administrarles la segunda dosis y si algunos cargos públicos deberían vacunarse ya para asegurar que pueden seguir desarrollando su trabajo.

Más País y Compromís, además, han planteado en el Congreso que se abra una comisión para seguir el plan de vacunación y buscar soluciones para estos casos.