El laberinto catalán

El TSJC mantiene el 14-F para acabar con el "bloqueo" y la "provisionalidad" institucional

  • El tribunal defiende mantener la votación en febrero por el "interés intenso" de los comicios

  • El Govern convoca a los partidos este sábado para analizar la situación

El hemiciclo del Parlament,  con la asistencia de diputados en el último pleno de la legislatura.

El hemiciclo del Parlament, con la asistencia de diputados en el último pleno de la legislatura. / Europa Press / David Zorrakino

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La incertidumbre sigue empañando la celebración de las elecciones en Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha hecho público este viernes sus argumentos, que cuentan con un voto discrepante, para que los comicios tengan lugar el 14 de febrero, y no el 30 de mayo como quiere el Govern. Unos argumentos con una alta carga política, pues defienden el 14-F para acabar con la "provisionalidad", el "bloqueo" y la "precariedad" institucionales. Los partidos han pasado del estupor a la acción y asumen que en apenas una semana empezará la campaña, por lo que reactivan a marchas forzadas sus cuarteles electorales.

Reunión este sábado de la mesa de partidos

El Govern ha convocado este sábado a las 12.30 horas una reunión técnica de la mesa de partidos para analizar la situación creada. Se trata de una reunión técnica para "compartir" la posición del Ejecutivo catalán sobre la convocatoria electoral y valorar la situación con las formaciones políticas. El encuentro será telemático y está previsto que asista el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé. También estará el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, Ismael Peña-López, y el secretario general de Salud, Marc Ramentol. El encuentro, que será telemático, responde al compromiso previo de ir informando de la situación.

El tribunal tomará una decisión definitiva sobre la fecha de los comicios antes del 8 de febrero, lo que significa que, si no han resuelto para entonces, el 29 de enero a las 00.00 horas, las calles deberán estar empapeladas con su propaganda electoral y las agendas repletas de mítines, aunque sean por 'streaming'. Los 75.000 ciudadanos elegidos miembros de las mesas electorales ya han recibido sus notificaciones acompañadas de un manual con medidas sanitarias. No hay tiempo que perder.

El TSJC opina que "hay un interés público muy intenso" en la celebración de las elecciones que se "incrementa" desde el momento en que se produce una situación de "vacancia" en la presidencia de la Generalitat tras la disolución del Parlament, la cual irradia "al Govern en funciones, puesto que el vicepresidente [Pere Aragonès] tiene limitadas sus competencias". El tribunal asegura que posponer las urnas supone abrir "un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas". Y dicha provisionalidad, a su entender, es perjudicial porque "se trata de una situación de bloqueo y de precariedad institucional que afecta asimismo a la legitimación del Govern, lo cual es relevante en un entorno en la que la crisis sanitaria le obliga a adoptar cotidianamente decisiones de trascendencia, singularmente en la restricción de derechos fundamentales". Por ello, la legislación afronta esta coyuntura imponiendo una pauta "urgente de renovación electoral", designando una fecha "precisa e inamovible" para los comicios.

Es cierto, reconocen los magistrados, que hay un porcentaje de electores afectados por la pandemia, pero "la preservación de su derecho no debe realizarse tanto por el aplazamiento de las elecciones", donde "no hay certezas sobre la situación sanitaria de futuro", ni sobre el porcentaje de votantes que pudieran estar entonces infectados, sino con "la implantación de mecanismos" que permitan el ejercicio de su derecho al voto "sin presencialidad". Argumentan, además, que tampoco es seguro que las elecciones pudieran celebrarse el 30 de mayo, pues ello dependería de la evolución de la pandemia.

Las restricciones

En la resolución en la que justifica la suspensión del decreto de aplazamiento firmado por el Govern, sin entrar en el fondo de la cuestión, los magistrados subrayan que hasta que decidan sobre las impugnaciones pueden darse cambios sustanciales "tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario", derivados de la evolución negativa de la pandemia del coronavirus, "lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho". Es decir, que si la pandemia del covid-19 obliga a decretar restricciones más severas, la decisión del tribunal podría adecuarse al nuevo escenario. Por ahora, los togados justifican mantener el 14-F en que las medidas sanitarias actuales "no limitan desplazamientos para actividades no esenciales" y en que la postergación electoral que decretó el Govern "no está prevista en el marco normativo estatal del estado de alarma que admite expresamente la celebración de los comicios".

Cuando se pospusieron las elecciones en Euskadi y Galicia, todos los españoles se encontraban en confinamiento domiciliario, una medida que este viernes ha vuelto a ocupar titulares tras ser reclamada por el 'expresident' Quim Torra. La Generalitat recuerda que no está en su mano, que una decisión de tal magnitud solo la puede tomar el Gobierno central, y el ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, ya lo ha descartado.

Ante las insinuaciones de los socios del Govern sobre la injerencia de la justicia en la política, el TSJC recuerda que su decisión "no obliga a votar irreversiblemente el día 14 de febrero de 2021, ni es el tribunal quien ha fijado esta fecha", sino que mantiene "la celebración de las elecciones en la fecha en que las convocó" el Ejecutivo catalán.

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La lectura del Govern

La Generalitat considera que el TSJC no cuestiona la potestad del vicepresidente Aragonès para posponer las elecciones. Mientras, tanto JxCat como ERC ya están en 'modo campaña'. El candidato de ERC animó en una entrevista en TV-3 a votar por correo e incluso habló de una "operación de Estado" para impedir que se posponga el 14-F. Poco después, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, instó a "llenar las urnas" ante la "ofensiva del Estado".