Aragonès pide "responsabilidad" al TSJC para celebrar las elecciones el 30-M

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidirá en las próximas horas si los catalanes votarán el 14 de febrero o quizá el 30 de mayo. La fiscalía ya ha mostrado su apoyo a la suspensión cautelar del aplazamiento electoral, mientras el Govern ultima sus alegaciones para presentarlas antes de este jueves a las 10.00 horas con el convencimiento de que llamar a las urnas pocos días después de la previsión del pico de la tercera ola del covid y con las ucis al límite es "un riesgo para la salud pública" que puede acarrear un "problema de legitimidad" si la abstención alcanza un umbral cuestionable al desalentar la participación por "miedo" al contagio.

La fiscalía coincidió con el TSJC en que si el decreto no se paraliza de forma cautelar y acaba anulado, "con toda probabilidad, si no plena seguridad", para entonces sería ya "inviable" celebrar las elecciones el 14-F, con lo que los recursos "perderían su finalidad". A su vez, el vicepresidente con funciones de 'president', Pere Aragonès, sostuvo que "no hay ninguna razón" para tumbar el decreto y expresó su "preocupación, perplejidad e indignación" por lo que tachó como "judicialización de la pandemia".

La justicia deja en suspenso las elecciones y sume al Govern en el desconcierto

"Batalla hasta el final"

"Batallaremos hasta el final para defender la fecha acordada en el decreto", enfatizó el candidato de ERC desde el Parlament, y cuestionó la coherencia de que se movilicen más de 5 millones de personas en plena tercera ola cuando las autoridades sanitarias exigen restringir al máximo la interacción social. Ante este panorama, Aragonès pidió "responsabilidad" y celeridad al TSJC para acabar con la "incertidumbre" y se dirigió al arco parlamentario para clamar por la "cohesión".

No funcionó. La oposición redobló sus ataques al Govern por la "chapuza" de decreto que ha desatado una retahíla de impugnaciones ante el TSJC de un particular y de varios entidades y partidos extraparlamentarios. "Es muy triste que ante su incompetencia manifiesta se dedique a centrifugar culpas y a hacer victimismo", reprochó la número dos del PSC, Eva Granados. El líder de la oposición, Carlos Carrizosa, defendió el aplazamiento pero subrayó que al leer el decreto ya intuyó que acarrearía "problemas" al no aclarar que "aplaza" el 14-F, sino que lo deja sin efecto. "El país merecía que el Govern hiciera bien el decreto", continuó la líder de los 'comuns', Jéssica Albiach. La CUP criticó que se enfanguen por una decisión que aún no es definitiva, y el PPC inquirió en que este embrollo supone "un nuevo episodio de incompetencia y un espectáculo bochornoso".

Choque ERC-JxCat

El Parlament también fue el 'ring' elegido para la enésima exhibición de la batalla entre Junts y ERC, con acusaciones mutuas de "cinismo" incluidas. El tuit del vicepresidente de la Cámara catalana y dirigente posconvergente, Josep Costa, exigiendo dimisiones por el varapalo provisional del TSJC alentó una dura intervención del portavoz republicano, Sergi Sabrià, tras la comparecencia del 'conseller' de Interior, Miquel Sàmper, acusando a sus socios de "hacer oposición desde el Govern": "Si yo fuera diputado de JxCat y usted 'conseller' de ERC, ahora saldría aquí a hacer ver que el Govern no tiene nada que ver con mi grupo parlamentario, buscando el rédito electoral. Lo que llamaríamos 'modus operandi Costa'. Todo el mundo lo entendería muy bien. O quizá 'modus operandi Borràs' podría funcionar también", cargó desde el atril. "No haré referencia al espot electoral, al espacio nervioso de campaña, a la 'doctrina Sabrià': acusar de desleal y cínicos en un acto de deslealtad y cinismo", replicó el diputado de JxCat, Francesc de Dalmases.

Fuentes de Junts no esconden su malestar con la Conselleria d'Acció Exterior (ERC), encargada de los procesos electorales, por la postergación del 14-F: "Si hubiera hecho los deberes no estaríamos aquí".