Un letrado del Parlament cuestiona el decreto de aplazamiento de las elecciones del 14-F

El letrado del Parlament Antoni Bayona, que era letrado mayor del Parlament en el agitado octubre del 2017 y que chocó con los grupos independentistas por las llamadas "leyes de desconexión", ha cuestionado este martes el decreto de aplazamiento electoral aprobado el pasado viernes por el Govern, porque "genera mayores dudas e introduce un precedente peligroso".

En un artículo publicado en eldiario.es, Bayona considera que "no era necesario dejar sin efecto la convocatoria de las elecciones" del 14 de febrero "para volverlas a convocar de nuevo como se desprende del decreto, porque el conflicto se podía solucionar perfectamente dejando en suspenso el proceso electoral en curso y aplazando la fecha de las elecciones". "Hay una diferencia importante entre los decretos del País Vasco y Galicia respecto del catalán, pues los dos primeros hablan de 'reactivar' la convocatoria, mientras que el tercero dice textualmente que se procederá a una nueva convocatoria de las elecciones", puntualiza.

Bayona hace notar que el decreto aprobado el viernes con la firma del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, "introduce un elemento especialmente delicado desde el punto de vista legal e institucional". "Implícitamente viene a reconocer al vicepresidente del Govern la facultad de convocar unas elecciones que, en este caso concreto, se han convocado por imperativo legal; y no solo esto, porque al mismo tiempo se atribuye al vicepresidente una facultad de convocatoria electoral que no encaja en el marco estatutario y legal", alerta.

"Dos problemas importantes"

De hecho, el decreto implica desconvocar "unas elecciones establecidas directamente por ley y atribuir al vicepresidente la facultad de convocar lo que realmente serían unas nuevas elecciones". "El decreto permite interpretar que se han desconvocado las elecciones y que la celebración de estas queda ahora condicionada a que el vicepresidente las vuelva a convocar. Y esto plantea dos problemas importantes", advierte.

En primer lugar, subraya Bayona, hay un problema de "inseguridad jurídica acerca de los trámites electorales ya realizados y las expectativas que pueda abrir una nueva convocatoria electoral". Y en segundo lugar, avisa, está el "impacto que el decreto tiene sobre los poderes de intervención del Govern sobre unas elecciones que tienen su origen en un mandato legal y no en el uso de una facultad presidencial de disolución anticipada del Parlamento".