El Gobierno informa en contra de la demanda en Europa de la familia de José Couso

Una de las promesas de la anterior legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez fue revocar la reforma de la justicia universal del PP que supuso limitar la persecución en España de los crímenes contra la humanidad. La entonces ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, creó incluso una comisión de expertos para volver a la legislación anterior, pero nunca se hizo y ahora esa norma es a la que se remite el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, para oponerse a la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la familia del periodista José Couso.

Su viuda y sus hijos intentan que se condene a España por el archivo de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigaba su muerte por el impacto de un misil estadounidense contra el hotel en el que se alojaba la prensa internacional al entrar el ejército de Estados Unidos en Bagdad, en abril de 2003. La demanda alega vulneración de derechos por la modificación legislativa de los crímenes de persecución universal.

Tras el fallo del Supremo

No es el primer revés que la familia recibe del Ejecutivo, que ya se opuso a indemnizarla con 182.000 euros como había ordenado la Audiencia Nacional. La Audiencia entendió que procedía la indemnización porque España no inició el procedimiento previsto para proteger a uno de sus nacionales, después que en 2016 el Tribunal Supremo declarara que la muerte del periodista de Telecinco constituyó un ilícito internacional.

Como la demandante carecía de la posibilidad efectiva de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses, el Estado debió ejercer su protección diplomática, a través de la "aplicación del derecho internacional, en virtud del cual un Estado realiza en favor de uno de sus nacionales diversas acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional a fin de que este último cese en el comportamiento ilícito cometido (...) y, en su caso, repare el daño causado por su conducta constitutiva de ilícito internacional", señalaba el fallo del Supremo. 

En sus alegaciones a la demanda presentada por la familia ante el TEDH, la Abogacía del Estado defiende que "no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España" y se remite a la reforma del PP de 2014 para justificar que la justicia española haya procedido al archivo de la causa abierta, ante la imposibilidad de que los militares estadounidenses estén a disposición de la justicia española para poder responder por el ataque al hotel en el que murió el periodista español y varios resultaron heridos.

Por su parte, la familia del periodista, representada por el abogado Eduardo Gómez Cuadrado, sostiene que la reforma legislativa de los crímenes de persecución universal se hizo "ad hoc" para archivar el procedimiento abierto y todos aquellos en los que los presuntos autores no se encuentran a disposición de la justicia española, como es habitual en este tipo de crímenes. Y ello supuso una vulneración de sus derechos, después de 11 años de investigación, en los que el juez Pedraz incluso viajó a Bagdad para comprobar en el lugar donde se produjeron los hechos la visibilidad del carro de combate que disparó contra el hotel.