Investigación sobre desvío de fondos para el 'procés'

La Diputación de Barcelona halla papeles escondidos de subvenciones irregulares

La documentación no estaba en los expedientes administrativos de las partidas investigadas
Esta labor se enmarca en la investigación judicial sobre el desvío de fondos para el 'procés'
Las pesquisas se centran en 27 entidades y en un total de 44 ayudas económicas

Macrooperación policial por corrupción en la Diputación de Barcelona. / ALBERT BERTRAN

La Diputación de Barcelona ha descubierto en los últimos meses documentación perdida y traspapelada de las subvenciones investigadas por el presunto desvío ilegal de fondos a 27 fundaciones y asociaciones, algunas de ellas del entorno de CDC, según un informe interno entregado recientemente a los grupos políticos de esta institución y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los papeles no estaban archivados en los correspondientes expedientes administrativos. Este hallazgo se enmarca en la investigación abierta por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre sobre supuestas irregularidades en 44 partidas económicas repartidas para varios proyectos de cooperación internacional durante la etapa en la que CiU al frente de la entidad provincial. Los investigadores sospechan que parte de ese dinero público fue a parar a financiar actividades del 'procés'.

A raíz de este descubrimiento, los técnicos de la diputación, que actúan como peritos judiciales, decidieron realizar una búsqueda “exhaustiva” para tratar de encontrar cualquier tipo de documentación y completar los expedientes abiertos para otorgar las subvenciones. La información que faltaba la han incluido en los cartapacios administrativos y han podido ir elaborando los informes periciales. De las 44 subvenciones en el punto de mira se han enviado al juez la mitad, 22, según el recuento efectuado el pasado diciembre. En la mayoría de casos se han constado irregularidades.

Los escollos del coronavirus

La labor de redacción de los informes por parte de los técnicos de la Dirección de Servicios de Relaciones Internacionales de la diputación, que ejerce la acusación, se ha visto alterada “de manera sustancial”, según la comunicación interna, por los efectos del confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus, “que ha dificultado el acceso a la documentación física”.

La complejidad de los expedientes administrativos para la concesión de las subvenciones investigadas, “su localización, el desorden en la documentación, la dificultad física de acceso y la limitación del equipo de trabajo”, en atención al necesario conocimiento de la materia y su “confidencialidad”, ha repercutido en la labor de análisis y ha provocado “una cierta lentitud en la elaboración de estos informes”, según se recoge en el resumen fechado el pasado el 22 de diciembre.

La investigación judicial investiga la concesión y la gestión de subvenciones de cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona correspondiente a los mandatos 2012-2015 y 2016-2019 otorgadas a diversas entidades, empresas y fundaciones, alguna de ellas vinculadas a CDC, como Catmon e Igman, relacionadas con Víctor Terradellas, exalto cargo de este partido y persona cercana al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esta persona está siendo investigada por el presunto desvío de fondos para financiar actividades ligadas al proceso independentista.

El 'caso Voloh'

La causa del presunto fraude de subvenciones de la Diputación es la antesala de la operación Voloh, por la que fue detenido el 'estado mayor' de Puigdemont, entre ellos el empresario y exalto cargo de CDC, David Madí, y el exconseller de ERC, Xavier Vendrell. Las pesquisas por la concesión de las subvenciones originaron que en mayo del 2018 el juzgado ordenara el registro de las oficinas de la Dirección de Relaciones Internacionales y otros despachos de la diputación. Fue la denominada operación Estela, en la que se imputaron a 48 personas, entre ellas al presidente de la corporación en esos momentos, el convergente Salvador Esteve, y el diputado delegado de relaciones internacionales, Joan Carles García Cañizares. Todos ellos están pendientes de declarar ante el juez Aguirre.

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La Guardia Civil precisa en un informe incorporado en el proceso judicial que la forma de actuar de las distintas entidades investigadas “es muy similar”, ya que se encuentran las mismas irregularidades. Se trata, en general, de la no presentación de la documentación requerida o la escasez de justificantes, la vulneración de los plazos, “la copia literal” de información extraída de internet presentada como propia y la no realización de las actividades propuestas, entre otras anomalías.

De la operación Estela a la Voloh

Denuncia anónima

El caso del presunto fraude en las subvenciones se inició a raíz de una denuncia anónima en el Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell, el mismo que investigaba el ‘caso 3%’ sobre presuntas comisiones a la extinta CDC a cambio de servicios y obras públicas y que ahora tramita la Audiencia Nacional. Este juzgado se inhibió a favor de los de Barcelona y el caso fue a parar al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyo titular es Joaquín Aguirre, que en el 2016 incoó las diligencias judiciales. Previamente se había registrado quejas de técnicos de la Diputación en relación con determinados mandos de la dirección de relaciones internacionales y sus comportamientos.

Acciones en el Magreb y Sudamérica

Las 44 subvenciones investigadas corresponden a 27 asociaciones, fundaciones e, incluso, organismos públicos, como el Ayuntamiento de Igualada, según el listado recogido en la comunicación remitida a los grupos políticos de la Diputación. Estas partidas se otorgaron para fines muy dispares, desde la elaboración de planes de acción en el Magreb, hasta la gestión de residuos en la región de Veraguas (Panamá), Tarapacá (Chile) o Mondeño (Colombia). Entre las entidades investigadas está Catmon e Igman, vinculadas a Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC.

Los watsaps con Puigdemont

pesquisas dieron un vuelco el 24 de mayo del 2018. El juez Joaquín Aguirre ordena en el seno de la operación Estela el registro de varias dependencias de la Diputación de Barcelona y algunas de las entidades que percibieron subvenciones supuestamente irregulares, a la vez que se efectuaron varias detenciones. El caso lo llevaba todavía la Policía Nacional (después el togado le dio la investigación a la Guardia Civil). En el teléfono de unos de los imputados, en concreto de Víctor Terradellas, se descubre watsaps cruzados con el que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fechados el 25 y 26 de octubre del 2017 para recabar el apoyo de Rusia en la declaración unilateral de independencia (DUI).

El 'estado mayor' del expresident'

En el teléfono móvil del que fuera responsable de relaciones internacionales de CDC, los investigadores descubren dos audios de voz que provocaron, meses después, una segunda operación, la denominada Voloh, por presunta corrupción y financiación de la estructura de Puigdemont en Waterloo (Bélgica). Los interlocutores de esas dos conversaciones, en las que se habla de una posible ingerencia de una trama rusa en el ‘procés’, son el que fuera alto cargo de CDC, David Madí, y el ‘exconseller’ de ERC, Xavier Vendrell. Tras meses de intervenciones telefónicas, el juez Aguirre acuerda una 31 registros y 21 detenciones, entre ellas la de Madí y Vendrell, pero también del empresario Oriol Soler y Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del expresidente Puigdemont.

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