La Asociación Catalana de Radio denuncia el intento del Govern de privatizar radios municipales

La Asociación Catalana de Radio, entidad que integra el conjunto de emisoras y cadenas privadas que operan en Catalunya, ha denunciando el intento del Departamento de Presidència de la Generalitat de Catalunya de abrir el proceso de privatización de las radios municipales y de blanquear las cesiones ilegales que ya se han hecho, como las de Girona, Sant Pol de Mar (Maresme) o Castellvell del Camp (en Baix Camp, que emitía para todo Camp de Tarragona).

Esta es la previsión que se desprende del Proyecto de Decreto Ley que el Departamento ha elaborado con el pretexto formal de adaptarse a la directiva europea, pero donde de paso quiere forzar la norma para legalizar las cesiones de explotación a empresas privadas de las frecuencias municipales de Catalunya.

La Asociación Catalana ha denunciado al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) y en los juzgados, cuando este organismo no ha actuado, las cesiones de explotación de que sus asociados han tenido conocimiento. La ACR ha denunciado, entre otras, las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar (Maresme), Berga, Santa Cristina de Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní y Sant Just.

Rectificaciones

Fruto de estas acciones, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los ayuntamientos a hacerse atrás en las cesiones de explotación a empresas privadas.

En esta situación se encuentran los ayuntamientos de Castellvell del Camp y recientemente Sant Pol de Mar con sentencias judiciales favorables a ACR y contra las cesiones de explotación.

La última sentencia, de 26 de noviembre, declara ilegal y anula el contrato entre el ayuntamiento de Sant Pol y una empresa privada para gestionar su emisora municipal. La Ley General de Comunicación Audiovisual de Catalunya (22/2005) establece inequívocamente que las radios municipales se deben gestionar directamente (art. 23.1) y permite sólo utilizar algunos recursos externos. La sentencia considera probado que el ayuntamiento de San Pol incurrió en una notoria infracción de lo establecido en legislación vigente y establece que solo es posible la gestión directa, sin subterfugios ni atajos para saltarse el imperativo legal.

La ACR considera que el Departament de Presidència pretende legalizar 'a posteriori' situaciones decididamente irregulares de emisoras municipales ya citadas y por intereses políticos o empresariales que no tienen nada que ver con los objetivos de la comunicación local.

Entrada de operadores privados

En última instancia la ACR considera que esto supone facilitar de forma disimulada el acceso a la actividad radiodifusora de nuevos operadores privados, y al margen del sistema legal establecido. Esto es la asignación de licencias previstas para la explotación del sector privado a través de los correspondientes concursos convocados por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

En este sentido, la ACR hará llegar las sentencias, tanto al CAC como a secretarios de los ayuntamientos de Catalunya, para evitar nuevos incumplimientos de la norma. Igualmente la ACR hará llegar al CAC la petición que en el próximo se tenga en cuenta la lista de las empresas que explotan ilegalmente frecuencias (piratas o las municipales cedidas) a los efectos oportunos.