La fiscalía pide 8 años para un exconsejero de Aguirre por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada y seis años de cárcel par otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

Se les acusa de los delitos continuados de prevaricación en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos (o, alternativamente, con un delito continuado de fraude a la Administración Pública). Por ello, además de las penas de prisión, Anticorrupción reclama más de 10 años de inhabilitación absoluta.

Esta empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.

La fiscalía acusa a los seis procesados -todos ellos miembros de la Mesa de contratación- de haber concertado contrataciones con "deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución".

Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ascendió a 355.577.355,92 euros. Los gastos fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional al no existir documentación de los desembolsos con cargo al erario.

Los otros acusados

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Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación) dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).

Este último está también imputado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.