Pendiente de dictamen
El Supremo pide informe al fiscal sobre la ampliación de querella de IU contra el rey emérito
La primera querella fue rechazada por el alto tribunal en verano y la coalición ha presentado una ampliación de querella
La Sala de Admisión da por suficiente la fianza de 12.000 euros pagada por el partido para ejercer la acción popular
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Mientras la fiscalía del Supremo se pronuncia sobre las diligencias de investigación que tiene entre manos contra el rey emérito, la Sala Segunda del alto tribunal le ha pedido que informe en relación con la ampliación de querella presentada por Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, para forzar la apertura de una causa contra Juan Carlos I por 13 delitos.
La Sala de Admisión del alto tribunal, presidida por Manuel Marchena, y compuesta por Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana María Ferrer y Susana Polo, ha declarado que "tiene por consignada, en plazo, la fianza de 12.000 euros que fue impuesta" a los querellantes "para el ejercicio de la acción popular" en el caso de que finalmente se admita a trámite su querella y se abra un procedimiento.
Archivo de la primera
La original fue registrada en diciembre de 2018 y archivada seis meses después. Entonces se ignoraba que este año el rey Felipe VI renunciaría a la herencia que le pudiera corresponder y la fiscalía tendría abiertas hasta tres diligencias de investigación. Tras pedir la reapertura de la causa, los querellantes la ampliaron.
La querella inicial se dirigía contra Juan Carlos I, su examante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el excomisario José Manuel Villarejo, el abogado suizo Dante Canónica y el primo del emérito Álvaro de Orleans. La ampliación incluye al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, por los gastos pagados con las tarjetas opacas por las que el rey presentó una regularización fiscal.
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