La crisis territorial

El Gobierno allana el terreno para la concesión de los posibles indultos

  • Calvo deja claro, tras el informe contrario de la Fiscalía, que es el Gobierno quien decide si aprueba la gracia a los presos por el 1-O

  • El PP ya habla de posible "prevaricación" y prepara su artillería contra la hipotética medida

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno. / DAVID CASTRO

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El discurso del Gobierno sobre los indultos a los presos independentistas por el referéndum del 1-O ha cambiado durante los últimos meses. Hasta este otoño, el Ejecutivo solía señalar que no era el momento de abordar una cuestión tan sensible. Ahora, en cambio, las manifestaciones van dirigidas a quitarse presión ante la posible concesión. Incluso a allanar el terreno para dar ese paso, a pesar de que no está confirmado si Pedro Sánchez aprobará esa medida. Tampoco cuándo lo hará. La mayoría de las fuentes consultadas anticipan que los indultos, de llegar, lo harán después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, frente a los deseos de Podemos, socio de la coalición, que presiona para que se concedan “cuanto antes”

Pero este no es un asunto que se aborde en el Consejo de Ministros. La hipotética concesión de la gracia a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Raül Romeva, entre otros, es debatida por muy pocos dentro de la Moncloa. Uno de esos dirigentes es Carmen Calvo, vicepresidenta primera, que este lunes dejó claro que el Gobierno tiene la capacidad de indultar aunque cuente con los informes contrarios de la Fiscalía y el Tribunal Supremo. 

Los fiscales dieron a conocer la semana pasada 12 durísimos escritos en contra de los indultos. Argumentaron que no había “ninguna razón admisible en derecho” que justificara esta medida. Hacerlo, señalaron, supondría premiar “al gobernante desleal y corrupto”. También sugirieron que, en el fondo, lo que podría estar detrás de la gracia eran los apoyos que el Gobierno necesita para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, en alusión al respaldo de los grupos independentistas. “La concesión puede operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios”, señalaron. Los fiscales, por último, volvieron a defender el delito de rebelión, por el que apostaron durante el juicio del ‘procés’, frente al de sedición, que fue el que aplicó el Tribunal Supremo.

Fuera de “las competencias” 

 

Calvo reprochó este lunes al ministerio público que recuperase la rebelión “fuera de sus competencias”. Los informes, dijo en La 1, “abundan en la posición contraria de la propia Sala Segunda del Supremo” e “identifican un delito” que el alto tribunal “no identificó”. Pero lo más relevante fue que la vicepresidenta subrayó que el Gobierno no tiene por qué seguir el parecer de la fiscalía. Tampoco el del Supremo, cuyo informe aún no ha sido elaborado, pero salvo sorpresa también será contrario. Los magistrados, de momento, han pedido a la Abogacía del Estado, en su condición de perjudicada por el delito de malversación de caudales públicos, que se posicione sobre la concesión. Dado que este cuerpo depende directamente del Ministerio de Justicia, su escrito puede dar pistas sobre lo que piensa hacer el Ejecutivo. 

“A lo largo de estos 42 años [de democracia] hay todo tipo de ejemplos por parte de todos los gobiernos”, dijo Calvo. Los indultos “están en la absoluta normalidad y se pueden decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de los informes”, continuó, dejando a un lado que las ocasiones en las que el Gobierno concede esta gracia frente a la Fiscalía y el tribunal sentenciador suponen un porcentaje mínimo. 

Las palabras de la vicepresidenta vinieron a profundizar en un relato que inició José Luis Ábalos, ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y uno de los dirigentes de mayor peso político dentro del Gobierno. A finales de octubre, en una entrevista en EL PERIÓDICO, Ábalos señaló que “todo gesto de normalización es positivo”, en referencia a los indultos. “En Catalunya cualquier medida de estas es bien recibida, pero en general en el conjunto de España todo lo que sean medidas tendentes a promocionar la convivencia y garantizar la normalidad y el apaciguamiento deben ser bien recibidas”, añadió.

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La advertencia

El PP, mientras tanto, ya se prepara para sacar toda su artillería si finalmente el Gobierno da el paso. “Si se concedieran esos indultos, además de estar contrariando la ley del indulto, se estaría rozando la ilegalidad”, dijo este lunes el secretario de Justicia de los conservadores, Enrique López, que avisó de una posible "prevaricación". Según el dirigente popular, uno de los elementos que exige la ley es que existan “pruebas de arrepentimiento de los condenados”, y en este caso, concluyó, “hay pruebas de todo lo contrario”. En rigor, la norma, de 1870, solo recoge en su artículo 25 que el tribunal sentenciador debe hacer constar “especialmente” en su informe “si hay pruebas o indicios de arrepentimiento”.