La pandemia multiplica la obra legislativa en la recta final del mandato

Cuando el entonces 'president' Quim Torra anunció aquel "presupuestos y elecciones" el 29 de enero, todo apuntaba a que el actual Govern acabaría su mandato siendo el más improductivo de la historia desde la restitución del Parlament. El saldo hasta el estallido de la pandemia era de 16 leyes. En ello había influido que el Ejecutivo había empezado a caminar cinco meses después del inicio de la legislatura y que se había tambaleado varias veces por los continuos choques entre socios. El saldo legislativo inicial también estuvo marcado por la aprobación de unos nuevos presupuestos que acababan con la prórroga de los del 2017 y por la asunción de funciones de 'president' a cargo del 'vicepresident' tras la inhabilitación de Torra. Pero el impacto del covid-19 en Catalunya, sin embargo, ha disparado la producción legislativa en este último año y la legislatura se cierra con 32 leyes aprobadas, seis más que en la etapa anterior, hasta llegar a una suma total de 733 leyes en 40 años.

Las fuerzas del arco parlamentario han impulsado casi el doble de leyes que el Govern, 20 a 12. Un total que, pese a que es mayor respecto a la legislatura anterior, sigue a la cola del cúmulo de iniciativas por legislatura desde 1980. En 2018 se aprobaron tan sólo tres leyes; al año siguiente, 10 y este 2020, 19. En el carpetazo social destacan la ley que pone coto a los alquileres abusivos o la que pretende reparar los daños causados por los "bebés robados" durante el franquismo y primeros años de democracia. También, la modificación de la ley contra la violencia machista para extenderla a las mujeres transgénero, así como la norma para con la que sancionar actos discriminatorios. La creación de la Agència de Salut Pública y las modificaciones en la renta garantizada de ciudadanía y en el código civil de Catalunya son otras de las iniciativas legislativas que completan la carpeta social.

Sin embargo, pese a estos avances sociales, la obra de gobierno en materia económica deja un balance escaso, el más improductivo en lo que va de siglo, según muestra la actividad registrada por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC). Este órgano consultivo formado por patronal y sindicatos ha evaluado 31 leyes o decretos, el volumen más bajo en una legislatura desde los primeros datos disponibles del tripartito de Pascual Maragall. En el mandato de Carles Puigdemont se registraron 33 iniciativas, el segundo más improductivo. La falta de presupuesto hasta el último año de legislatura ha condicionado esa pobre actividad y también el calado de la misma.

La mayoría de leyes o decretos aprobados en esta materia están enfocados a la ordenación o reorganización de materias ya existentes. Dos ejemplos de ello son las leyes aprobadas en el último pleno de la legislatura: la de creación de las áreas de promoción económica urbana (APEUS) y la ley de facilitación de la actividad económica. La primera regula nuevos usos del espacio urbano para actividades comerciales y la segunda agiliza trámites con la administración pública e incentiva su digitalización. Ambas requieren de una muy escasa inversión de recursos y apenas movilizan presupuesto.

Esa falta de políticas transformadoras, con movilización de importantes volúmenes de recursos públicos, ha sido una de las criticas recurrentes desde patronales y sindicatos. El Pacte Nacional per a la Industria, un espacio de planificación plurianual, está pendiente de renovación y uno de los escollos es la falta de presupuesto concreto para inversiones más allá de la actividad ordinaria de las propias 'conselleries'. Según fuentes de los agentes sociales, el presupuesto planteado para el próximo año para un plan de choque industrial anti covid es de 360 millones de euros; esto es 100 millones más que la dotación para la última ayuda de emergencia para los autónomos.

Récord en decretos ley

Esta legislatura destaca especialmente por el aumento exponencial de los decretos ley, ya que se han validado 67 de un total de 75 registrados, siendo el mayor dato desde que quedaron regulados en el Estatut del 2006. En este 2020 se han registrado hasta 50 y tan sólo cinco de ellos son anteriores al inicio de la pandemia. El resto suponen ayudas de emergencia o cambios normativos para paliar los estragos de la pandemia del coronavirus en el ámbito sanitario, turístico, cultural y social. En el mandato de José Montilla se convalidaron ocho en cuatro años; en el de Artur Mas, 30 en cinco años; y en el de Puigdemont, 13 en dos años. Con la disolución de la Cámara catalana decaerán nueve proyectos de ley y 41 proposiciones de ley. 

Suscríbete para seguir leyendo