El CGPJ estudiará en su pleno si pide informar sobre la reforma que le veta nombrar jueces en funciones
Dos grupos de vocales conservadores presentan escritos para instar el informe del órgano sobre la reforma
La principal asociación de jueces se manifiesta en contra del cambio que cree contrario a la Constitución
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebrará este jueves tendrá sobre la mesa dos escritos para tratar de poder informar sobre la proposición de ley que limita la capacidad del órgano para realizar nombramientos mientras esté en funciones.
Ambos han sido presentados por vocales del sector conservador con el objetivo de neutralizar una de las críticas más extendidas contra la reforma de la ley orgánica del poder judicial: al ser una iniciativa parlamentaria de PSOE y Unidas Podemos, el Consejo no puede informar sobre ella.
El primero de los escritos lo firman Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde y propone que el CGPJ solicite del Congreso que recabe tanto su informe, como elde la Comisión de Venecia (Consejo de Europa). El segundo, que también firma Martínez Moya, junto a Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Gerardo Martínez Tristán, propone directamente que el Consejo examine la proposición de ley.
Asociación mayoritaria
Por su parte, la asociación de jueces mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador, ha hecho un comunicado en el que que es muy crítica con la reforma. En él, su comisión permanente sostiene que "la modificación del régimen jurídico para el CGPJ en funciones, ampulosa expresión con la que se pretende encubrir que la reforma tiene por objeto simplemente impedir que efectúe nombramientos -que es lo único que preocupa a los autores-, implica privar a un órgano constitucional de una competencia que le atribuye la propia Norma Fundamental sin limitación, al tiempo que afecta gravemente al valor Justicia en el doble sentido de mermar su credibilidad al avivar sospechas de politización y de perturbar su normal funcionamiento al no cubrir las plazas jurisdiccionales y gubernativas necesarias".
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