El independentismo presiona con una ley de amnistía que llegará al Congreso el 15 de marzo

JxCat, ERC y la CUP, junto a Òmnium, se conjuran con este último cartucho antes de finiquitar la legislatura

La ANC no participa en la presentación del redactado de la ley porque la considera "poco viable"

Concentración independentista el 10 de octubre del 2017

Concentración independentista el 10 de octubre del 2017 / DANNY CAMINAL

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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Fotografía de unidad del independentismo para presentar el cartucho final de la legislatura antes del pistoletazo de salida a la contienda electoral: una propuesta de ley de amnistía. La iniciativa será aprobada este viernes en el Parlament en forma de propuesta de resolución y el 15 de marzo la registrarán en el Congreso de los Diputados de la mano de JxCat, ERC y la CUP.

Con esta maniobra, el independentismo se conjura por última vez antes de una campaña electoral que se prevé muy disputada entre los socios en el Govern por los choques que ha acarreado la falta de hoja de ruta conjunta del ‘procés’ y el impacto de la pandemia del covid-19, con la inhabilitación del ‘expresident’ Quim Torra de por medio.

Representantes de JxCat, ERC, CUP, Òmnium Cultural –con la destacada ausencia de la ANC, que ve "correcta" la idea, "pero no viable" y apuesta por otra declaración unilateral de independencia-, han celebrado un acto en la cárcel de la Modelo de Barcelona para presentar el redactado de la propuesta de ley para la amnistía.

El texto defiende que “quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquier que fuera el resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa efectuados desde el 1 de enero del 2013 hasta el momento de entrada en vigor de esta ley”, entre los que se establecen las acciones relativas a la celebración de la consulta del 9-N en el 2014 y el referéndum del 1-O del 2017. En este aspecto, quedan al margen de la amnistía los policías investigados por las cargas del referéndum, a diferencia de lo que preveía el texto inicial.

Además se detallan los delitos que debería incluir: rebelión y sedición; malversación de caudales públicos cuando esté en concurso con el delito de sedición, y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia, revelación de secretos, o los actos de expresión y opinión en prensa, imprenta, redes sociales, creaciones artísticas o cualquier otro medio de comunicación que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto político.

El objetivo es, en todo caso, presionar al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, teniendo en cuenta que lo más probable es que ni la reforma del delito de sedición ni los eventuales indultos a los líderes del 'procés' lleguen antes de las elecciones previstas para el 14 de febrero.

Poner el contador a cero

Los independentistas han defendido la amnistía como “el primer paso para la solución del conflicto”, y han sostenido que “sí tiene cabida en el ordenamiento jurídico español” pese a que el PSOE lo desdeña. “Es cuestión de voluntad política”, ha remachado la portavoz de la plataforma Amnistia i Llibertat, Susana Pagès, quien ha explicado que casi 40.000 personas ya han firmado por esta ley en toda Catalunya en estos últimos cuatro meses.

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El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha clamado en favor de la amnistía como “paso imprescindible para parar la represión y demostrar que la autodeterminación no es delito” y con el objetivo de poner fin a las causas judiciales abiertas a 2.850 personas. Por parte de ERC, Marta Vilalta, ha acentuado esta vía como “el primer paso para desjudicilizar la política y empezar a dibujar el futuro en igualdad de condiciones”, mientras que la candidata de JxCat, Laura Borràs, ha afirmado que “no es clemencia lo que pedimos, es justicia”. Desde la CUP, la diputada Natàlia Sànchez, ha subrayado que el texto nace con un “amplio consenso”.

A través de intervenciones gravadas desde Bélgica y Suiza, el ‘expresident’ Carles Puigdemont, ha destacado que esta iniciativa “es uno de los ingredientes principales” para resolver el conflicto catalán; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha apostado por esta ley porque “pone en igualdad a las partes” del conflicto; y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha subrayado que su aprobación supondría “un proceso de democratización del propio Estado".