Dirigente del sindicato de los técnicos de Hacienda

Carlos Cruzado, presidente de Gestha: “La Agencia Tributaria debería haber investigado antes al rey emérito”

  • “En la regularización del rey hay un problema de falta de transparencia”
  •  “Llama la atención que no se haya llamado todavía a declarar a don Juan Carlos”
  • “Yo no me atrevo a decir si se está dando trato de favor al rey. Simplemente, ahí están los hechos”
Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, el pasado 20 de noviembre en Madrid.

Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, el pasado 20 de noviembre en Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

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- De los últimos acontecimientos y revelaciones en torno al rey Juan Carlos, ¿cuál le llama más la atención?

- Tras la regularización anunciada por los abogados del rey, llama la atención saber que la fiscalía comunicó, no se sabe si notificó formalmente, a los abogados esa investigación sobre la cuestión de las tarjetas que se viene publicando. La norma de la fiscalía establece cómo deben hacerse esas notificaciones, y me parece extraño que todavía no se conozca si esa notificación es lo suficientemente formal como para evitar la regularización.

- ¿La forma de notificar abre escenarios muy distintos?

-  Diferentes escenarios, claro. Me ha preguntado qué me llama la atención, y, tanto como la notificación de la fiscalía, me llama la atención una actuación de la Agencia Tributaria, si no irregular, arregular. Ocurre algo parecido con lo que publicó El País sobre el aviso de regularización de los abogados del rey emérito y la reunión que se celebró con la Agencia Tributaria. Esto de la reunión previa es raro, es algo que se escapa, que queda fuera de lo que está regulado sobre la forma de presentar declaraciones complementarias, y llama la atención como llama la atención lo de la fiscalía. La normativa de la fiscalía y una circular al respecto establecen la forma de notificación, que no tiene por qué ser por escrito, puede ser hasta telefónica, pero en la que debe dejarse constancia de una serie de extremos. La fiscalía no siempre notifica las investigaciones que hace, y parece que cuando notifica es con la intención de llamar a declarar a la persona a la que notifica para evitar que puedan verse perjudicados sus derechos. Cuando se notifica, lo normal sería llamar a declarar a continuación, y ha pasado más de un mes de la comunicación. Será una práctica legal, sin duda, pero llama la atención que no se haya llamado a declarar al rey.

- ¿Tiene la sensación de que todo este asunto se mueve en una nebulosa jurídica, con movimientos fuera de la norma, cuando no contra la norma?

- Quizá en este caso hay un problema de falta de transparencia. No hay una explicación clara, ni por parte de la Agencia Tributaria ni por parte de los abogados del rey emérito respecto de cuáles han sido los acontecimientos que se han producido estos días. El comunicado de los abogados habla de una regularización, pero no nos indica en qué conceptos, a qué ejercicios correspondería… solo se habla de una cantidad. De acuerdo con ese comunicado se puede deducir que estarían abonando una cuota de en torno a los 500.000 euros, aunque no se sabe en concepto de qué impuesto, más los recargos y más los intereses. En definitiva falta transparencia en esta cuestión para conocer exactamente, y dentro de los márgenes que permite la ley, qué ha ocurrido.

- ¿A quién achaca esa falta de transparencia?

- A la vista de las noticias que se publican, los ciudadanos pueden echar en falta una explicación más concreta por parte de todos los actores que están implicados en esta cuestión. Es cierto que la Agencia Tributaria no puede dar información de los datos fiscales que conoce de los contribuyentes, pero estamos hablando de una supuesta reunión en la Agencia Tributaria que se escapa o está fuera de esa prohibición de dar datos fiscales. En la Agencia Tributaria está faltando esa transparencia. Y si la regularización no es válida, la fiscalía -igual que ha hecho pública en su momento la existencia de estas investigaciones y la asunción por parte de la del Supremo de las que venía realizando Anticorrupción-, desde el momento en que se hizo pública esa regularización podría haber advertido de que se había procedido a notificar y, por tanto, invalidarla. Me extraña que, si se ha producido esa comunicación formal, los abogados del rey emérito hayan presentado esa regularización incluyendo el recargo por presentación fuera de plazo. Podría no tener el efecto liberador de las declaraciones complementarias.

- ¿Nada del esfuerzo regularizador realizado por Juan Carlos I tendría validez?

- Se entendería que la esa cantidad pagada (678.393,72 euros) sería a cuenta de las posibles responsabilidades en que podría haber incurrido el rey al finalizar las investigaciones o, en su caso, las pesquisas judiciales.

- Los abogados no aclaran si la cuota defraudada lo fue en el impuesto del IRPF o en el de donaciones. ¿Estamos en un escenario muy diferente en un caso u otro?

- En principio sí. Si se puede probar que existió una donación, y no otra figura en las transferencias del empresario mexicano a la cuenta en la que se cargaron esas tarjetas de crédito, estamos en el escenario de una donación en la que no se habría pagado en su momento la cuota correspondiente al impuesto. Si hablamos de un incremento de patrimonio, de la asunción de la titularidad en cuenta de unos saldos no declarados, estaríamos hablando ya de otra cuestión, y habría que investigar entonces el origen de esos fondos, de dónde proceden.

- La labor investigadora de la Agencia Tributaria no para por la presentación de una declaración complementaria…

- Pues no. De hecho, a la vista de la presentación de la regularización, hay que entender que la Agencia Tributaria no ha notificado en todo este tiempo ninguna investigación al rey emérito, y es algo que debería haber realizado, a la vista de todo lo que se ha venido publicando, y de los indicios que se desprenden de todas esas revelaciones. No es incompatible la actividad de la Agencia Tributaria con la de la Fiscalía. Sí lo es con la actividad judicial en el momento en que hubiera una llamada a declarar, una imputación, una apertura de una investigación judicial. Ha habido otros casos, como el de los papeles de Panamá, en los que la Fiscalía y la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) han investigado en paralelo.

- Es un proceder corriente, de manual, que, cuando un contribuyente hace una declaración complementaria y paga, la Agencia Tributaria averigüe de dónde ha salido ese dinero que paga?

- Debe hacerlo. Claro que, en cuestión de declaraciones complementarias, hay un abanico grande. Son muchos millones de euros los que cada año se ingresan como consecuencia de estas complementarias, alrededor de 500 millones el último año, desde las de poca cuantía hasta las que regularizan cantidades importantes, como ocurrió con la lista Falciani y los clientes con cuentas no declaradas y fondos en el HSBC de Ginebra, regularizaciones por más de 200 millones de euros. Las consecuencias y las posibilidades de investigar en casos tan dispares son distintas, lógicamente.

- ¿No ve usted todavía al rey emérito fuera de un escenario judicial?

- Bueno, las investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo se han hecho públicas en relación con tres líneas de investigación, y por tanto esta regularización no debería de paralizar ninguna de ellas. Sobre la utilización de las tarjetas de crédito -si es a estas a las que afecta la regularización, que lo damos por sentado pero no se explica en el comunicado de los abogados-, si se comprueba que es veraz y completa, esa línea de investigación decaería, aunque esa línea también investiga el origen de los fondos que el empresario mexicano habría transferido en su momento.

- Llama la atención que la Fiscalía vaya por delante de la Agencia Tributaria. En su opinión, ¿cuándo debería haber comenzado una investigación Hacienda sobre las cuentas del rey emérito?

- Cuando aparecieron las primeras informaciones sobre esta cuestión, las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo, ahí se daban datos, nombres de personas, bienes inmuebles en Marruecos… Nosotros ahí entendimos que había indicios suficientes para haber abierto investigación. Posteriormente, el juez De Egea abrió una pieza separada en el caso Villarejo, la pieza Carol, en la que requirió a la Agencia Tributaria información sobre posibles cuentas del rey emérito en el extranjero, y la contestación de la ONIF fue que no había cuentas en el extranjero ni el rey había presentado el Modelo 720 para declararlas. Entendemos que la Agencia debería haber abierto investigación también en ese momento. Y ya este año, en marzo, cuando sale el comunicado de la Casa Real y se reconoce la existencia de titularidades en fundaciones y patrimonios, entendemos que esos indicios cobraban aún mayor fuerza como para que la Agencia Tributaria hubiera abierto la investigación si no la había abierto antes al rey emérito.

- ¿Se está mimando al rey?

- Los ciudadanos pueden pensar que, si hubiera ocurrido esto con cualquier contribuyente, se habrían abierto diligencias. Yo no me atrevo a decir si se está dando trato de favor al rey; simplemente ahí están los hechos y ahí están las cuestiones. Es verdad que no ha habido denuncia en la Agencia Tributaria, al menos que se sepa, pero también es verdad que la Agencia actúa de oficio cuando en otros momentos han aparecido informaciones periodísticas relevantes, por ejemplo en el caso de los papeles de Panamá, o en casos de futbolistas. No sería la primera vez que la Agencia lo hace, y en este caso debería haberlo hecho también.

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