La fiscalía comunicó oficialmente a Juan Carlos I a principios de noviembre que le estaba investigando

La Fiscalía informó oficialmente a principios de noviembre al rey Juan Carlos, a través del bufete de su abogado, Javier Sánchez-Junco, de las diligencias de investigación que había abierto y, en concreto, de la relativa al uso de tarjetas a nombre de quien había sido su ayudante de campo, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga. Con esa notificación en su poder presentó en Hacienda este miércoles los 678.393 euros y se adelantó así a la formalización de una querella del ministerio público en la que quedaran negro sobre blanco los delitos que pudo cometer al no declarar el dinero que gastaba.

No obstante, fuentes fiscales señalan a EL PERIÓDICO que esa comunicación que realizó la fiscalía no es suficiente para evitar una regulación fiscal, porque, aunque el artículo 305 del Código Penal la incluya entre las posibilidades previstas para ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo siempre opta por la opción más garantista, la que declara que “se considerará regularizada la situación cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria” antes de que se “interponga querella o denuncia contra aquél”.

Otros investigados

En el caso del rey emérito, solo ha habido un conocimiento formal de “la incoación de diligencias”, una vez que la investigación se dirigió contra él por el uso de tarjetas opacas. Eso se produjo cuando las pesquisas fueron remitidas a principios de noviembre a la Fiscalía del Supremo, único tribunal que puede investigarle y, en su caso, juzgarle por su condición de aforado.

Hasta entonces, a quien Anticorrupción tenía como investigado era a Murga, al que interrogó hace más de un año en relación con los gastos que pagó desde su cuenta a Juan Carlos I y sus familiares, incluidos algunos de sus nietos, aunque ninguno a Felipe y Letizia ni sus hijas.

También al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que era de quien realmente procedían los fondos, aunque la cuenta estuviera a nombre del coronel. La circular 4/2013 de diligencias de investigación fiscales prevé la comunicación de su apertura al investigado; el exjefe del Estado la recibió cuando se publicó que existían esas tarjetas y las diligencias se trasladaron al alto tribunal.

Declaración sin causa judicial

La presentación por parte del monarca emérito ante la oficina nacional de inspección de la Agencia Tribunal de casi 680.000 euros no es puramente una regulación. Las fuentes consultadas precisan que, en puridad, esta se produce cuando Hacienda comunica al contribuyente que ha declarado algo mal y este lo subsana con una complementaria, pero no cuando nunca se han comunicado al fisco unos ingresos.

Se presupone que el Rey ha saldado todo lo defraudado porque él sabe qué gastó

La cantidad entregada será ahora examinada por la fiscalía en cuanto a cuantía, periodos impositivos y temporalidad para ver la incidencia que tiene en las diligencias abiertas por el ministerio público y determinar si se transforman en querella o acaban en archivo. En cualquier caso, parece complicado que Juan Carlos, a diferencia del ministerio público, que tuvo que hacer todo el recorrido reflejado en las tarjetas, haciendo comprobaciones en cada tienda donde se emplearon, no sepa cuánto gastó realmente con ellas, por lo que se presupone que habrá cubierto por completo lo defraudado.

Su objetivo, como es lógico con un desembolso semejante, es lograr la neutralización del riesgo penal que pueden suponer para él estas diligencias. Es similar a lo que ocurrió con el fundador e ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero, que eludió la responsabilidad penal al pagar lo defraudado más los correspondientes intereses, sin haber recibido la notificación tributaria. 

Otros casos de regularización muy comunes entre futbolistas no se pueden aplicar al rey emérito, porque, a diferencia de ellos, nunca ha habido un procedimiento judicial abierto en su contra. A los jugadores se les aplican las atenuantes de confesión y de reparación del daño a la pena que les corresponde para evitar su ingreso en prisión.

Otras diligencias

Las primeras diligencias abiertas por los 65 millones de euros que la monarquía saudí entregó a Juan Carlos, según le confesó su examante Corinna Larsen al excomisario José Manuel Villarejo, están en manos de la Fiscalía del Supremo desde junio. Se prevé que se archiven por haberse producido en los años en que, como jefe del Estado, era inviolable. Mientras sigan abiertas, esa predicción cambiaría en el improbable caso de que aparecieran indicios de algún delito, posterior a la abdicación en junio de 2014.

Las terceras diligencias se abrieron directamente por la Fiscalía del Supremo hace apenas un mes, tras un aviso de la Inteligencia Financiera por unos fondos que se atribuyen al emérito en la isla de Jersey. Aún están en un estado muy incipiente.

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