JxCat y ERC pedirán al Congreso una ley de amnistía para presionar al Gobierno

El independentismo despedirá la legislatura e inaugurará la precampaña electoral reavivando la reclamación de la amnistía para los políticos presos. El Parlament aprobará, en el pleno de la semana que viene, el último antes de las elecciones previstas para el 14 de febrero, una propuesta de resolución impulsada por JxCat, ERC y la CUP en la que se reclama a las Cortes la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el 'procés' desde el año 2013. Será una mera declaración política que no se llevará al Congreso, al menos no antes de las elecciones autonómicas.

La propuesta conjunta de JxCat, ERC y la CUP no supone activar el mecanismo formal para llevar una propuesta a debate al Congreso. Eso, según el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, prevén hacerlo en marzo, es decir, pasados ya los comicios. El objetivo es, en todo caso, presionar al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, teniendo en cuenta que lo más probable es que ni la reforma del delito de sedición ni los hipotéticos indultos a los líderes del 'procés' pudieran llegar antes del 14 de febrero.

"Extinción de responsabilidad"

El texto de la propuesta defiende que la amnistía debe conllevar la "extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa desde el 1 de enero de 2013".

En este sentido, el texto detalla los delitos que debería incluir: rebelión y sedición; malversación de caudales públicos cuando esté en concurso con el delito de sedición, y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, así como los delitos vinculados a la organización del 9-N de 2014 o el 1-O de 2017.

El PSOE no ha tardado demasiado en dar un portazo a esta iniciativa porque "no cabe en la Constitución", como ha recordado la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Nuevo trámite sobre los indultos

En paralelo, una vez revisada la situación penitenciaria de los presos del 'procés', a los que se ha revocado tanto la semilibertad como la flexibilización de las condenas vía permisos, el Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso y ha solicitado a la Fiscalía del alto tribunal que presente su informe sobre la necesidad de concederles o no el indulto que un abogado pidió en nombre de todos ellos, informaron fuentes jurídicas.

Para que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, pueda pronunciarse sobre la medida de gracia, es imprescindible que la Fiscalía y el tribunal sentenciador, en este caso, el Supremo, presenten sus propios informes al respecto. Ambos son preceptivos, pero no vinculantes, es decir, que una vez recabados, pero solo entonces, el Gobierno puede decidir lo que considere más oportuno, aunque pueda suponer un importante desgaste concederles con ambos dictámenes en contra.