Las otras veces que el PP bloqueó la justicia

La falta de acuerdo entre PP y PSOE que se vive actualmente para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que este viernes, día 4, cumplirá dos años con el mandato caducado, no es un fenómeno aislado. Es la tercera vez que el partido presidido por Pablo Casado se resiste a cerrar un acuerdo para renovar las instituciones en el plazo que previó para ello la Constitución.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO citan dos antecedentes de un grave retraso en el reemplazo de magistrados o vocales con mandato caducado. Uno de ellos fue el Consejo General del Poder Judicial que presidió Francisco Hernando y del que formaron parte el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Justicia madrileño, Enrique López. Es el que hasta ahora tenía el dudoso honor de haber sido el más longevo de la democracia.

El otro antecedente es el Tribunal Constitucional que dictó la sentencia del 'Estatut'. La Constitución establece que sus miembros sean designados por nueve años y que se renueven por terceras partes cada tres. El tercio que se debía reemplazar en diciembre de 2007 por el Senado no lo fue hasta 2011 y eso que, además de cambiar a cuatro de sus magistrados, también había que nombrar al sustituto del fallecido Roberto García Calvo.

Sin alterar mayorías

Aunque ahora también está pendiente la renovación del Constitucional, las fuentes consultadas descartan que ahí haya problema entre las fuerzas parlamentarias, porque aunque se eligiera a dos magistrados a propuesta del PP y otros dos, del PSOE, se mantendría la mayoría conservadora de la composición actual. Donde se concentra es en el CGPJ. Y eso que los últimos nombramientos del órgano de Gobierno de los jueces consistieron en elegir con un amplio consenso a más progresistas que conservadores para el Tribunal Supremo, lo que podría ser un acicate para persuadir al PP de la necesidad de levantar el bloqueo.

Además, el actual Consejo ha mantenido una posición mucho más neutra con el Gobierno de Pedro Sánchez que el que presidió Hernando. Aquel aprovechó su mandato caducado para realizar una oposición brutal al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, mediante la redacción de informes motu propio en tono muy crítico contra ciertas leyes, como la del matrimonio gay. 

Rozar la prevaricación

Las fuentes consultadas ven una diferencia fundamental entre aquellos bloqueos y el actual. Los anteriores se debieron, o al menos se justificaron, en que había un desacuerdo irreconciliable entre PP y PSOE para elegir a los mejores candidatos al CGPJ o al Constitucional. 

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Ahora el PP se ampara en razones extrajudiciales para negar el acuerdo, como que el socio del Gobierno del PSOE, Podemos, no puede participar en la negociación o que Bildu ha apoyado los Presupuestos. Esa argumentación hace que haya quien considere que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, su postura roza la prevaricación. 

Para forzarle a levantar el bloqueo, el Gobierno empezó a tramitar una reforma para renovar el Consejo con mayoría absoluta y no de tres quintos, garantía que puso el Constitucional para avalar que los vocales de extracción judicial los eligieran las Cortes.