PSOE y Podemos activan la limitación del CGPJ para meter presión al PP

Divididos por la forma de encarar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), defendiendo tiempos y maneras distintas de alcanzar ese objetivo, el PSOE y Podemos optaron este miércoles por una vía intermedia para presionar al PP. Los socios del Gobierno mantuvieron aparcada la proposición de ley que rebaja a la mayoría simple la elección de los nuevos miembros del Consejo, que lleva dos años en funciones, pero activaron la otra pata de esa reforma: limitar las atribuciones del organismo cuando haya expirado el mandato. Según la iniciativa planteada por socialistas y morados, que se debatirá en el pleno el próximo 15 de diciembre, el CGPJ ya no podrá nombrar a las altas instancias judiciales, como los presidentes del Supremo, de los tribunales superiores y de la Audiencia Nacional, hasta que no haya cambiado de integrantes.

El PSOE y Podemos difieren sobre la reforma global del Consejo. Los socialistas consideran que la iniciativa para facilitar su renovación, dejando atrás la mayoría absoluta del Congreso para no depender del PP, solo debe llevarse a término si los conservadores, finalmente, se niegan al acuerdo y continúan vetando la presencia de vocales en el CGPJ propuestos por los morados. La formación de Pablo Iglesias, en cambio, defiende que la polémica reforma, criticada en Europa, debe aprobarse pase lo que pase.

Pero ambos están de acuerdo en que el paso dado este miércoles en la Cámara baja supone una forma más de arrastrar a Pablo Casado al pacto. Por un lado, porque si el actual CGPJ no puede hacer los nombramientos más importantes, los populares se quedarán sin incentivos para seguir bloqueando. Aun así, en los últimos nombramientos para las salas del Tribunal Supremo realizados por el Consejo, ya en funciones y con una composición abrumadoramente conservadora porque fue elegido durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, los elegidos han sido sobre todo progresistas. Por otro, el movimiento parlamentario de este miércoles, continúan fuentes del PSOE y Podemos, lanza el mensaje de que no se van a quedar quietos ante el bloqueo del PP. Si los conservadores persisten en su actitud, activarán la reforma del sistema de elección para que pueda haber un nuevo CGPJ sin su participación.

El peso de las elecciones catalanas

Los socialistas, sin embargo, esperan que no sea necesario. Anticipan que finalmente Casado sellará el acuerdo, así que de momento quieren esperar. Los colaboradores de Pedro Sánchez señalan que salvo cambios de última hora, la propuesta de rebajar la mayoría exigida para alumbrar un nuevo Consejo no se registrará en el Congreso hasta el año que viene. Puede que incluso después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, porque el PSOE asegura que en el bloqueo del PP pesa mucho el temor a que Vox explote este entendimiento. Los socialistas consideran que pasados los comicios, si no hay 'sorpasso' de la ultraderecha, será más fácil que cristalice un acuerdo con los conservadores.

Los morados no comparten esta visión, y creen que la reforma del sistema de elección debería aprobarse ya, pero están dispuestos a ceder en aras del acuerdo. No es el único pulso que mantienen con el PSOE en el terreno judicial. Podemos quiere reformar el delito de sedición cuanto antes, para que los líderes independentistas presos puedan hacer campaña en las catalanas, mientras los socialistas han dejado claro que la modificación no dependerá del calendario electoral.

En cualquier caso, el PP se mostró en contra de limitar las atribuciones del CGPJ. "El gobierno del Poder Judicial ha de ser pleno en todo momento, al margen de las vicisitudes políticas", señaló Enrique López, portavoz de Justicia de los conservadores, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Varios vocales del Consejo consultados por este diario, de todas las sensibilidades, también exteriorizaron su malestar, al considerar absurdo que en lugar de proceder a su renovación, se limiten sus funciones, informa Ángeles Vázquez. La mayoría de asociaciones judiciales, en el mismo sentido, criticaron la propuesta del PSOE y Podemos. 

Los riesgos

La propuesta actual abandona la parte más conflictiva de la anterior, considerada <strong>inconstitucional </strong>por las principales asociaciones de jueces, por la sentencia del Tribunal Constitucional que en los ochenta avaló que los vocales de extracción judicial sean elegidos por las Cortes (como ocurre actualmente) siempre y cuando se hiciera por mayoría de tres quintos, no solo absoluta, como prevé la reforma aparcada por el momento. En cualquier caso, ello no ha impedido que haya causado malestar entre los vocales de todas las sensibilidades, que consideran un sinsentido que no se acometa su renovación y, en cambio, se proceda a limitar sus funciones.

Los consultados por este diario coinciden en criticar que desde el Gobierno parezca atribuírseles un afán en realizar nombramientos, cuando es el único que los paralizó mientras estuvo en funciones y, por ello, no cubrió alguna plaza del Supremo hasta un año después de quedar vacante por jubilación.

La proposición de ley, que como tal no precisará informe del propio Consejo, presenta el riesgo de que un bloqueo en la renovación del CGPJ se extienda a los principales tribunales españoles, porque no renovaría las vacantes que se producen por jubilación o fallecimiento y para cuya cobertura hace falta un nombramiento discrecional. Además de paralizar sus nombramientos discreciones, desde 2018 el actual Consejo había renunciado a su capacidad reglamentaria.

Solo retomó los nombramientos ante el hecho de que las negociaciones políticas han sido infructuosas. En septiembre de forma casi unánime elevó al Supremo a varios magistrados, cuatro de ellos progresistas y dos conservadores.

Constitucional

En una de las renovaciones por tercios del Tribunal Constitucional, dos de sus magistrados son nombrados por el CGPJ y los otros dos por el Gobierno. De aprobarse la proposición de ley presentada tampoco podría hacerlo en funciones. El retraso actual en la renovación del tribunal de garantías corresponde al cupo del Congreso, no al del CGPJ.