50 años del Proceso de Burgos

A finales de los años sesenta del siglo pasado, se rompió el espejismo de una dictadura legitimada por el desarrollismo. El nuevo movimiento obrero protagonizado por Comisiones Obreras, el desarrollo reivindicativo del movimiento vecinal, las protestas de los estudiantes influenciados por el Mayo del 68 y la emergencia de los regionalismos y nacionalismos culturales expresaban un disenso creciente ante un régimen que continuaba gestionando la conflictividad social y política por la vía represiva.

El asesinato de Melitón Manzanas, el jefe de la Brigada Político-Social, el 2 de agosto de 1968, lo cambió todo, desencadenando una represión ciega y sin cuartel. Al día siguiente, el Gobierno decretó un estado de excepción en Guipúzcoa, que se fue prorrogando hasta empalmar con el estado de excepción para toda España de tres meses decretado en enero de 1969. En este año, cerca de 2.000 personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a ETA o estar vinculadas a la banda terrorista, de las cuales 890 sufrieron malos tratos, 510 torturas, 93 fueron juzgadas por el Tribunal de Orden Público (TOP) y 53 en consejo de guerra.

En este clima represivo se celebró junio de 1970 en León el Congreso de la Abogacía Española. Josep Solé Barberà defendió con vehemencia y convicción la resolución en favor de la amnistía, la supresión del TOP y la abolición de la pena de muerte. Las defensas de los detenidos, desbordados y conscientes de la voluntad del Estado de proceder a un escarmiento ejemplar, optaron por ampliar la plantilla incorporando a abogados del resto de España vinculados a la oposición antifranquista, como el comunista Solé Barberà, el democratacristiano (posteriormente socialista) Gregorio Peces-Barba, o el socialista Juan Moreno.

El 3 de diciembre de 1970 dio comienzo en Burgos, sede de la VI Región Militar con jurisdicción en el País Vasco, el juicio contra 16 militantes de ETA para los cuales el fiscal pedía 6 penas de muerte y 743 años de prisión. Las reiteradas intervenciones de los abogados impidieron la lectura del apuntamiento por parte del juez instructor. Los acusados se sumaron al griterío y el presidente ordenó desalojar la sala. La alta temperatura política del proceso fundió la nieve burgalesa y despertó el volcán vasco. Al día siguiente, la policía provocó la muerte en Eibar del joven Roberto Pérez Jáuregui y el Gobierno decretó el enésimo estado de excepción de tres meses en la provincia rebelde de Guipúzcoa.

Gracias a Solé Barberà, el cineasta Pere Portabella conseguió grabar las tumultuosas sesiones que acabaron con miembros del tribunal desenvainado los sables, la policía militar desalojando la sala a punta de pistola y los acusados cantando el himno vasco y coreando "¡Gora Euskadi Askatuta!", El 9 de diciembre, el consejo quedó visto para sentencia. Tres días más tarde, 287 personas del mundo de la cultura se encerraron en el Monasterio de Montserrat. Muchos procedían de la 'Capuchinada' de cuatro años atrás; otros eran profesionales de prestigio, como los pintores Antoni Tàpies y Joan Miró; también había voces conocidas, como las de Raimon y Joan Manuel Serrat, e incluso futuros premios nobeles de literatura residentes en Barcelona, como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Del exitoso encierro surgió la creación de la emblemática Assemblea de Catalunya. El manifiesto, publicado por 'L'Osservatore Romano', el órgano de prensa del Vaticano, intensificó las manifestaciones y protestas internacionales.

Los aparatos del Estado respondieron con concentraciones de masas en la plaza Mayor de Burgos y, cómo no, en la plaza de Oriente de Madrid, con saludo incluido de Franco y de los Príncipes de España. El vicepresidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, pronunció un discurso en las Cortes anticomunista y antiliberal subido de tono. El tribunal endureció las penas y a tres de los seis acusados de pena capital les añadieron una segunda. La presión internacional hizo mella en el Generalísimo, que optó por la conmutación de las nueve penas de muerte. La oposición respiró aliviada, los tecnócratas, con la vista puesta en el Mercado Común, también.

El antifranquismo salió reforzado del envite con el lastre de la legitimación de la lucha armada de ETA. Centenares de jóvenes vascos se incorporaron a una organización cada vez más nacionalista y menos socialista. De los 16 acusados del Proceso de Burgos, solo uno se reintegró en ETA. Mario Onaindia, condenado a dos penas de muerte a sus 21 años, acabó en 1992 bendiciendo la fusión de Euskadiko Ezquerra con el PSOE.

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