CARGAS POLICIALES
Incidentes en Vilafranca tras una manifestación en apoyo de un independentista condenado
Adrià Sas ha sido condenado por agredir a dos 'mossos' en los distrubios por el aniversario del 1-O
Los Mossos d'Esquadra han cargado contra una cincuentena de manifestantes que intentaban asaltar el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) tras una manifestación en apoyo de Adrià Sas, un joven vecino condenado por agredir a los Mossos en los disturbios del primer aniversario del 1-O.
La policía catalana ha intervenido cuando tras una marcha que hasta entonces había sido pacífica, un grupo ha intentado asaltar el consistorio, aunque no lo han conseguido. Entonces, han comenzado a tirar objetos contra la fachada del edificio histórico, y contra la policía, lo que ha provocado las cargas. Dos agentes, según los Mossos, han resultado heridos leves.
La manifestación previa, de apoyo al independentista condenado, había reunido a unas 400 personas por el centro de la población. Adrià Sas fue condenado por la Audiencia de Barcelona a tres años de prisión por un delito de atentado y otros seis meses de prisión por un delito menos grave de lesiones. Asimismo, le condena a dos meses de multa con una cuota diaria de 12 euros por un delito leve de lesiones, y a indemnizar a dos mossos con 1.514 y 371 euros, respectivamente.
Sin embargo, la Audiencia absuelve a Sas del delito de desórdenes públicos del que también era acusado por el fiscal y la acusación particular ejercida por la Generalitat.
Reproches al Govern
Antes de que comenzara la manifestación, el joven ha hecho unas declaraciones públicas en las que ha calificado la sentencia de “farsa judicial” y ha anunciado que recurrirá el fallo. Ha considerado que se trata de una “sentencia política que ya estaba escrita antes del juicio y se ha hecho pública muy rápido, tan solo una semana después del juicio para no hacerla coincidir con las elecciones y que los partidos del Govern no salieran perjudicados”.
Sas se ha mostrado muy crítico con el Govern, al que considera responsable de que haya sido condenado a más de dos años de prisión y, por tanto, tenga que ingresar en la cárcel, ya que, ha dicho, “es la Generalitat quien ha pedido más cargos”.
A la manifestación ha asistido la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, quien ha criticado duramente que el Govern no se haya retirado como acusación particular. “Es del todo incoherente que a la vez que nos dicen que no nos echemos atrás, cuando se les hace caso se personen como acusación particular contra los manifestantes independentistas y, además, pidan penas más altas que la Fiscalía. Es intolerable”, ha declarado.
Asalto al Parlament
Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2010 a las puertas del Parlament, cuando un grupo de manifestantes independentistas lanzó objetos contra la línea policial de los Mossos d'Esquadra y movieron las vallas de protección para acceder a la cámara catalana.
El tribunal considera probado que Adrià Sas golpeó con un palo de madera a uno de los mossos en la barbilla, con lo que le causó una herida que requirió varios puntos de sutura, y de haberle agredido de nuevo posteriormente en la mano. Además, también golpeó a otro mosso en el casco que llevaba en la cabeza.
Este juicio provocó una polémica política, pues la Generalitat desoyó a los grupos soberanistas del Parlament y mantuvo durante la vista sus peticiones de prisión para este manifestante independentista. Una semana antes del juicio, en una iniciativa conjunta, los partidos soberanistas del Parlament (JxCat, ERC, Comunes y la CUP) instaron a la Generalitat a retirarse como acusación particular en la causa contra este manifestante.
La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, justificó la actuación del abogado de la Generalitat en el juicio contra Adrián Sas aduciendo que intentó pedir el aplazamiento de la vista en busca de un "acuerdo", pero que la defensa lo rechazó. En el juicio, el acusado y ahora condenado solo contestó a las preguntas de su abogado y negó cualquier relación con las agresiones a los policías.
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Perjudicial para la salud