El PP agita en Catalunya su batalla contra la igualdad fiscal

Las dos caras más reconocibles del PP agitaron este viernes en Catalunya la batalla contra la armonización fiscal que el partido ha emprendido tras el pacto del Gobierno y ERC por los Presupuestos. El líder popular, Pablo Casado, y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convirtieron en muros de contención en defensa de la laxitud impositiva en las regiones que dirige el PP, que el Ejecutivo ve con recelo por la competencia desleal que puede acarrear.

En una Catalunya ya en periodo preelectoral, los populares presumieron de bajar los impuestos en las comunidades que gobiernan. No hubo espacio en sus intervenciones para el debate acerca de si los servicios sociales salen perjudicados por la menor recaudación pública, o para la aparente paradoja de que ahora sea el PP quien defienda las particularidades territoriales: los discursos de Casado y de Ayuso fueron un canto al liberalismo económico.

El líder del PP advirtió desde Tarragona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la armonización fiscal es "ilegal e inconstitucional", y añadió que el candidato popular en las elecciones del 14 de febrero, Alejandro Fernández, llevará en su programa una bajada del tramo autonómico del IRPF y la supresión o bonificación inmediata de sucesiones, donaciones y patrimonio. Se trata de impuestos que en Madrid o no se pagan o que cuentan con los tipos más bajos de toda España.

El "margen" de las autonomías

"Estamos en un Estado autonómico que permite un margen fiscal a las autonomías", subrayó Casado. Aunque se quejó de que "no tiene sentido" que sea un partido independentista como ERC quien "quiera ir contra el margen de las autonomías para decidir cuáles son sus propios impuestos", el objetivo real de la ofensiva del PP es el Gobierno. Quedó claro cuando el líder popular criticó que partidos de espíritu federal, como el PSOE, estén "poniendo en duda" que haya otros regímenes fiscales. De hecho, recordó que el concierto vasco, el convenio de Navarra o el régimen económico de las Islas Canarias están "consagrados en la Constitución".

En la línea tradicional de la derecha política, el presidente del PP defendió que con los impuestos bajos cada ciudadano tendrá más dinero disponible y consumirá más, lo que llevará a dar trabajo a más gente y a una mayor recaudación. Lo definió como el "círculo virtuoso" de la economía, que según dijo ha practicado su partido cuando ha gobernado España.

"Ataque frontal"

Casado cree que lo que ocurre en realidad es que el Gobierno y ERC han puesto a la comunidad de Madrid "en la diana". Y ese argumento fue también el hilo conductor de la intervención que hizo Isabel Díaz Ayuso en Barcelona. Tras pasar dos días en la capital catalana, en los que se ha reunido con empresarios y entidades que defienden la unidad de España, la presidenta se quejó este viernes del "ataque frontal" que supone la armonización fiscal contra la comunidad madrileña.

Ayuso recuperó una frase de Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, contra "el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid" para darle la vuelta. "Rufián tiene razón en algo. Madrid es un paraíso, pero de libertad y respeto a los ciudadanos, no de imposición política", dijo tras defender la autoridad de cada autonomía para decidir sobre sus impuestos.

"Si fuera por el 'economista' Rufián, las familias madrileñas pagarían 2.000 euros más al año"

Isabel Díaz Ayuso

— Presidenta de la comunidad de Madrid

La presidenta madrileña demostró con declaraciones contundentes que sigue dispuesta a convertirse en "la peor pesadilla" de quienes cuestionen el modelo impositivo de la comunidad. Por ejemplo, y sin explicar cómo ha hecho sus cálculos, afirmó que "si fuera por el 'economista' Rufián, las familias madrileñas pagarían 2.000 euros más al año" en impuestos.

En su opinión, la palabra "armonizar" genera un "debate falso", porque lo que buscan en realidad Gobierno y ERC es "subir los impuestos en Madrid". Ayuso añadió que lo que ocurre en Catalunya es que los ciudadanos tienen que financiar "un negocio, el independentismo, que dura ya muchas décadas y que está empobreciendo la convivencia".