LUZ VERDE A LAS CUENTAS

ERC cifra en 2.300 millones el beneficio para Catalunya de los próximos Presupuestos

Aragonès subraya que por primera vez la comunidad recibirá por encima de su aportación al PIB estatal

Esquerra fuerza que la fiscalización las inversiones se realice cada cuatro meses y no al final del ejercicio

Carmen Calvo y Pere Aragonès, este jueves en la Moncloa. 

Carmen Calvo y Pere Aragonès, este jueves en la Moncloa.  / La Moncloa

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Xabi Barrena

Necesitaba ERC, en general, y Pere Aragonès, en particular, un dato que fuera lo suficientemente contundente y persuasivo para evitar que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado no generara, a menos de tres meses de las elecciones, la indignación de esa parte del electorado que los republicanos se disputan con Junts per Catalunya. La coyuntura hace que la lectura cruda de las cifras, esos 2.300 y pico millones que el Estado invertirá o bien transferirá a la Generalitat no baste. De ahí la lucha por hacer llegar los fondos destinados a Catalunya hasta el 19,13%, superando el 19,0% que es el peso catalán en el PIB español (2019)  Es decir, por primera vez, "nunca había ocurrido", en palabras del líder extramuros de ERC, "Catalunya recibirá por encima de su aportación al PIB español". En el proyecto aprobado por el Gobierno hace unas semanas, la aportación no llegaba a los 1.700 millones.

¿Bastará para frenar los ataques del puigdemontismo? Se verá el 14-F, pero el desglose del acuerdo -cerrado el lunes por la noche por la cúpula de ERC con el Gobierno- incluyó un mucho de pedagogía por parte del vicepresidente en funciones de 'president' y del líder republicano "en el frente de Madrid", en sus palabras, Gabriel Rufián. Ambos se preocuparon por dejar claro tanto que el pacto no supone ninguna modificación en los objetivos del partido (la independencia y la república), como que es imprescindible "gestionar el 'mientras tanto'" , es decir, todo el tiempo que presuntamente falte para esa secesión. "Y el 'mientras tanto' incluye una realidad muy dura como toda la derivada de la pandemia", señaló el coordinador de ERC. 

Privilegios madrileños

El segundo gran ítem del acuerdo es el intento de echar el lazo a la Comunidad de Madrid que, como definió Pasqual Maragall hace 15 años, "se ha ido". Una autonomía que "aupada por el efecto de la capitalidad", es decir, la concentración de los instrumentos del Estado y el polo de atracción que supone para el sector privado, según Aragonès, ha tejido una laxa política fiscal que fue definida por el coordinador de ERC como de "competencia desleal". Justo ahora que la comunidad madrileña le saca tres décimas a la catalana en su peso específico dentro del PIB español (19,3%, 2019).

En este 'peix al cove' republicano, Aragonès también destacó que la Generalitat gestionará tanto el ingreso mínimo vital, competencia del Estado, como los fondos europeos para la reconstrucción poscovid, asegurándose un mínimo de 596 millones, en el 2021. En cuanto este último aspecto, la novedad no radica en la cuantía a gestionar, sino a que será el Govern el que elegirá y trasladará al Ejecutivo español (interlocutor designado por la Comisión Europea) qué proyectos subvencionar.

Tomando en cuenta que, históricamente, lo que se presupuesta poco tiene que ver con lo que realmente se transfiere, el acuerdo también prevé que la comisión bilateral de infrastructuras, nacida a la sombra del Estatut, fiscalice el grado de cumplimiento de las cuentas cada cuatro meses.

"Cambio de paradigma"

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"Es un acuerdo histórico", explicaba una fuente republicana antes de la comparecencia de prensa. Lo decía por la cuantía de los fondos 'arrancados' al Gobierno. Pero también lo es, según los republicanos, porque este acuerdo significa "un cambio de paradigma", en palabras de Rufián. "Hasta ahora, la estabilidad del Estado se sustentaba sobre el nacionalismo de derechas vasco y catalán. Ahora, gracias a las victorias electorales del último ciclo el Estado se ha visto a pactar con el republicanismo catalán y vasco".

Un Rufían que rechazó estar desempeñando el mismo papel que los sucesivos portavoces de CiU jugaron en el Congreso durante el pujolismo y más allá. "No me imagino a Josep Antoni Duran Lleida", dijo, "reclamando la gestión del ingreso mínimo vital".