PSOE y Podemos acercan posturas sobre desahucios tras su último choque

PSOE y Unidas Podemos intentan recomponer, otra vez, sus fisuras. Ahora, tras un último choque que ha dejado más magulladuras de las previstas: el Ejecutivo había cerrado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se tenía que embarcar en la negociación, enmienda a enmienda, con los grupos. Pero el PSOE no esperaba que los morados firmaran una propuesta, por su cuenta, y con ERC y Bildu, para prorrogar la prohibición de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2022. El movimiento se interpretó como "una deslealtad" pero ya desde el principio el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos se abrió a una transacción. Los dos socios ya intentan buscar una salida mientras se enfría la 'vía Ciudadanos' mimada por la Moncloa y Bildu se lanza al apoyo a las cuentas. 

El Gobierno entra en otra semana clave en la tramitación del proyecto de ley. Este martes arranca el debate y votación de las enmiendas en la Comisión de Presupuestos, paso previo a que el pleno del Congreso apruebe, la próxima semana, el dictamen para remitirlo al Senado. En estos próximos días se afianzarán las alianzas y el perfil definitivo del texto. Pero en paralelo la coalición tiene que remover su último obstáculo. Y este lunes, tras la reunión de la permanente de la ejecutiva federal socialista, Ábalos resaltó que está dispuesto a abrir la mano, a negociar a lo largo de "esta semana" con UP para prorrogar el veto a los lanzamientos más allá de la fecha tope vigente, el 31 de enero. Esta cuestión de disputa se había abordado previamente en la reunión de 'maitines', en la Moncloa, en la que se sientan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y sus escuderos. 

"Dada la extensión del estado de alarma, lo conveniente sería extenderlo", aseguró el ministro y número tres del partido. Es decir, que el PSOE está dispuesto a ampliar la prohibición todo el tiempo que dure la alarma, que expirará el 9 de mayo como máximo, y para ello ya están en marcha reuniones técnicas interministeriales.

Ábalos insistió en que la "sensibilidad" del Ejecutivo en este asunto está fuera de toda duda, y por ello el PSOE se abre a revisar la regulación, y no pondrá pegas a atender la situación de personas vulnerables antes de que estallara el covid, punto que para los morados es básico. Eso sí, se ha de preservar la "seguridad jurídica". El ministro aseguró que aún no se ha concretado cómo se instrumentaría esa ampliación, pero cree que debería quedar fuera de los PGE, porque es un "acto de Gobierno", al margen de las cuentas. Ello abre la vía a la aprobación de un nuevo real decreto ley. "No nos marca el camino la enmienda", insistían después desde el equipo de Ábalos. En este círculo interpretan la ansiedad de los morados, y especialmente de los comunes, por la cercanía de las elecciones catalanas del 14-F, en las que compiten, en el espectro de la izquierda, con ERC. 

Nada que ver con los presos de ETA

"Estamos desde el rigor abiertos a mejorar estas situaciones", proclamó el número tres del PSOE, insistiendo en que se han de procurar, también desde las comunidades, alternativas habitacionales, igual que se ha ampliado la dotación del plan estatal de vivienda.  

En Podemos acogieron con agrado el movimiento del PSOE. "Más allá del instrumento que se utilice, lo que nos importa es que se paren los desahucios y se prohiban los cortes de suministros", sentenció en 'Más vale tarde' este lunes el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, antes de asegurar que espera y confía en alcanzar un acuerdo con sus socios de gobierno. Así, en las filas moradas sostienen que si los socialistas se avienen a pactar y a extender la prohibición de ejecutar lanzamientos todo el tiempo que dure el estado de alarma, la enmienda firmada con ERC y Bildu "no tendría sentido" y decaería. 

Más allá de los roces internos que han tensionado las costuras de la coalición durante la última semana, sigue abierta la polémica por el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos. El líder de la formación aberzale, Arnaldo Otegi, explicó este lunes que consultarán a la militancia sobre este asunto y pidió a sus bases que respalden las cuentas públicas. Además, aseveró que su posición respecto al proyecto presupuestario no se debe a una negociación para el acercamiento de los presos de ETA. 

Acaben apoyando o no las cuentas, Pablo Casado no cesa en sus ataques al Ejecutivo por el entendimiento con Bildu. “El fin no justifica los socios”, avisó en la Cope el líder del PP a Sánchez tras señalar que “no hay ningún tipo de moral” en la actitud del presidente del Gobierno de primar la aprobación de los Presupuestos a los socios para “llegar a ese fin”. 

Inés Arrimadas tampoco se mostró muy conciliadora con el Gobierno. La presidenta de Cs aseguró cada vez ve “menos probable” dar un ‘sí’ a las cuentas porque no recogen sus exigencias y porque “la parte radical del Gobierno [UP] se está imponiendo a la moderada [PSOE]”.

No quiere ser "obstáculo"

Respecto a Bildu, el PSOE mantiene su línea de defensa: no ha habido acuerdo con ellos. Ábalos mantuvo que el partido de Otegi es "un grupo parlamentario más", y como tal, si se muestra dispuesto a negociar enmiendas parciales es porque ha entendio la "gravedad" de la crisis "y no quiere obstaculizar" la tramitación de los PGE. Pero esa conversación, dijo, la lleva la dirección del grupo, que pilota la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y versará sobre temas "estrictamente presupuestarios", como ocurrirá con todas las fuerzas. 

Ábalos sí subrayó que el PSOE no comparte "el proyecto, ni la tradición, ni la historia" de Bildu, pero sí reconoce que la formación ha mantenido una actuación más constructiva. "No veo que esto sea muy negativo. Lo lamentable es que no lo hagan otros", sostuvo, en referencia al PP. 

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Precisamente este lunes Bildu dio un paso más en su distanciamiento de ETA. El diputado en el Congreso Jon Iñarritu expresó su "condena" y "rechazo" al terrible atentado que acabó con la vida del hijo del parlamentario de Vox Antonio Salvá. Un gesto que no se había escuchado en la Cámara baja, aunque procede de un exmiembro de la extinta Aralar, que, a diferencia de Sortu —el partido mayoritario de la coalición Bildu—, sí condenó el terrorismo de la banda. 

Este martes, el presidente quiere lanzar un mensaje hacia las víctimas: preside la reunión del patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), junto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Educación, Isabel Celaá; Política Territorial, Carolina Darias, e Inclusión, José Luis Escrivá. En la foto no saldrá ningún responsable de Unidas Podemos en el Gabinete.