Sánchez, Iglesias e Illa eluden comparecer en la comisión sobre residencias del Parlament

El presidente y los ministros se acogen a varios dictámenes del Consejo de Estado que fijan que no están obligados a rendir cuentas en un parlamento autonómico

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 29 de octubre en el Congreso.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 29 de octubre en el Congreso. / periodico

Júlia Regué / Juanma Romero

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no acudirán a la Cámara catalana para comparecer ante la comisión de investigación sobre las residencias de ancianos, aprobada tras el drama de la primera ola del coronavirus para indagar en los errores cometidos y proponer un nuevo modelo residencial.

Los tres estaban citados para el próximo lunes, día 23 de noviembre, para exponer ante la Cámara catalana "el papel que desarrolló el Gobierno del Estado" en la provisión de materiales de protección para las residencias durante la crisis sanitaria.

Illa ha sido el primero de los tres citados en responder a la notificación enviada desde el Parlament en una misiva dirigida a Roger Torrent en la que se acoge a varios dictámenes del Consejo de Estado, según los cuales los cargos del Gobierno no están obligados a rendir cuentas ante un parlamento autonómico, de menor rango, para eludir su comparecencia. Fuentes de su gabinete apuntan que Illa no quiere abrir un precedente respecto al resto de autonomías y que su ausencia no implica en absoluto una mala relación con la 'consellera' de Salut, Alba Vergés.

Iglesias ha recurrido a los mismos informes para justificar que tampoco estará presente en la comisión y Sánchez, según fuentes de Moncloa, emitió a principios de semana otra carta recalcando que esta comisión carece de base legal suficiente, aludiendo al reglamento del Parlament y al Consejo de Estado. Sin embargo, fuentes parlamentarias apuntan que sólo han recibido un e-mail pero ninguna comunicación oficial, a diferencia de Illa e Iglesias.

El Consejo de Estado, un organismo consultivo, defiende que "no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia" que pudiera dirigirse al presidente, a la vicepresidenta, ministros y exministros, altos cargos y exaltos cargos del Estado y miembros en activo o no de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Pero el Estatut, a su vez, regula en el artículo 59 la "obligatoriedad" de comparecer en el Parlament cuando se es llamado y, en caso de desatenderse el requerimiento, según el artículo 68, la Mesa debe dar cuenta al ministerio fiscal "a los efectos de substanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder". El Código Penal señala además que pueden ser castigados por desobediencia y, si este es autoridad o funcionario público, "se le impondrá además una suspensión de empleo de seis meses a dos años".

Sin embargo, las querellas a la fiscalía por incomparecencia en el Parlament han sido archivadas.