EL 20-S DEL 2017

La Audiencia de Barcelona archiva la denuncia por el cerco a la sede de la CUP

Registro en la sede de la CUP

Registro en la sede de la CUP / periodico

Júlia Regué

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La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado definitivamente la causa abierta por el cerco policial a la sede la CUP en la capital catalana el 20 de septiembre del 2017. La Policía Nacional acudió a la zona sin una orden de entrada y registro pero no llegó a acceder al número 180 de la calle Casp de la capital catalana. Eso sí, incautó material sobre el referéndum de independencia que se celebraría días después, el 1 de octubre, en el exterior, concretamente, en dos vehículos aparcados siguiendo órdenes de la fiscalía. Durante ocho horas, varios simpatizantes del partido anticapitalista se congregaron a las puertas del edificio y finalmente los agentes se retiraron. 

La comisión jurídica de la CUP interpuso una denuncia al Juzgado de Instrucción Número 9 que fue archivada por el juez, alegando que la policía seguía órdenes de la fiscalía, y los 'cupaires' presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona que fue estimado y provocó la citación de testigos de la formación y dos comisarios de la Policía Nacional como investigados.

Tres años después, la sala considera que la actuación de la Policía Nacional "se limitó a una actitud de espera y de retirada de la puerta de la sede" y que "fue proporcional a la sucesión de los acontecimientos", por lo que descarta que constituyera un delito de coacciones. Eso sí, admite que la llegada de agentes encapuchados de la brigada de información para retener los vehículos aparcados pudo generar "intimidación".

Actuación "proporcionada"

"No consta que ningún agente intentara acceder al local o llevara a cabo cualquier clase de actuación contra las personas que se hallaban en el interior o en el exterior", argumenta la sala, y justifica la llegada de antidisturbios alegando que "los comisarios investigados, con su actuación, proporcionada y ajustada ante la masiva presencia de personas que se congregaron para impedir, precisamente, la actuación de los agentes, evitaron una mayor alteración del orden público y sin que se viera comprometido o alterado el derecho a la libertad deambulatoria". En definitiva, la Audiencia estima que la policía actuó siguiendo órdenes de la fiscalía.

La sala rechaza también que hubiera una "extralimitación o exceso" en la órdenes dictadas por la fiscalía que instaban a la policía a intervenir todo el material relacionado con el referéndum. Según el informe, requisaron 5.974 carteles que promovían el voto el 1-O, otros 120 con el lema "No votes el 1 de octubre. No a la república" junto a una imagen de Franco, 802 más a favor de la remunicipalización del agua, 54 de la organización Poble Lliure, 326 con el mensaje "L’1 d’octubre república desde baix", 18 en formato tríptico, 2 pancartas grandes en las que se podía leer "La república es a les nostres mans", 68 petos verdes utilizados por voluntarios de las entidades soberanistas, 300 banderines de tela, 1 caja de pegatinas y 30 sombreros con la etiqueta "Sí, vol dir prendre partit". 

En un comunicado, la CUP defiende que el cerco policial sin orden judicial de entrada y registro "supuso una clara vulneración de los derechos civiles y políticos", pero, a la vez, es "una victoria para la gente que puso su cuerpo y la inteligencia colectiva" para evitar la entrada de los agentes a la sede: "Archivar esta causa sin la celebración de un juicio supone una muestra más de que el aparato represivo del Estado español, conformado por todos sus actores policiales y judiciales, se encuentra plenamente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación", añade el partido.