Un imputado en la 'operación Voloh' intenta apartar al juez del caso

La defensa del empresario Oriol Soler, uno de los principales investigados de la 'operación Voloh' y, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aparte del caso al juez instructor, al entender que no es el competente para instruirlo Este imputado fue detenido el pasado 28 de octubre junto a una veintena de personas más, en una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia el 'procés' y a la estructura del expresidente cataláb, varias operaciones de presunta tráfico de influencias y posibles contacto de Rusia para que apoyara la independencia de Catalunya. 

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Benet Salellas, abogado de Soler, pidió la semana pasada al juez instructor que remita la nueva pieza al decanato de los juzgados de Barcelona para su reparto a otro juzgado, al entender que él no puede asumir un procedimiento que guarda "absolutamente sustantividad propia" respeto a la causa principal (presunta malversación a través de subvenciones de la Diputació de Barcelona, sin una resolución que argumente la "conexidad" entre ambos casos.

El letrado aduce que este rompe "toda la apariencia de imparcialidad del órgano judicial, ya que puede provocar la sospecha razonada" de que el juzgado "se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que corresponde por motivos ajenos a la adminisrració de justicia". Y eso "todavía se agrava más en la presente causa que tiene una trascendencia política propia evidente" subraya. El magistrado, sin embargo, rechazó esta petición y en su resolución recuerda que ha seguido el "criterio habitual" de los juzgados de Barcelona, que establece que el juzgado que deduzca testimonio de unas diligencias será el "competente" de las mismas. El letrado del empresario ha presentado ahora un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona.

La actuación de la fiscalía

Por otra parte, según se ha sabido este viernes, la fiscalía se opuso inicialmente, en agosto del 2019 a la intervención telefónica de algunos de los investigados, entre ellos exdirigente de CDC, David Madí, el de ERC, Xavier Vendrell, y el de Xavier Vinyals, presidente de la plataforma proselecciones catalanas. En su escrito el ministerio público aludía que no se había identificado "con claridad necesaria" cual es el dinero presuntamente malversado fue a parar para el uso de criptomonedas. Sin embargo, el juez acordó los pinchazos telefónicos. En las prórrogas de las escuchas y ante el avance de las pesquisas, la fiscalía dejó de oponerse a las intervenciones, según fuentes judiciales. En cambio, no dio el visto bueno a la instalación de dispositivos  de seguimiento y localización.