La Generalitat amagó con no pagar la defensa de Trapero

La Conselleria d'Interior amagó con no pagar el coste que supuso la defensa del mayor Josep Lluís Trapero y de la intendente Teresa Laplana en el juicio por sedición que ambos afrontaron en la Audiencia Nacional, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. El departamento acabó abonando los honorarios pactados con la abogada Olga Tubau, pero mantuvo la demora durante un año y la rectificación se produjo cuando el juicio contra los dos policías ya había comenzado.

La amenaza, que pareció algo más que un simple amago durante mucho tiempo, indignó al cuerpo policial, que se tomó aquello como un abandono injustificable de dos de sus funcionarios por parte de la Generalitat en un juicio en el que estaba en juego el futuro de Trapero y Laplana, pero también la estabilidad y reputación de los Mossos. Confirman esta versión tanto fuentes policiales como la propia Tubau, que, contactada por este diario, ha rehusado hacer declaración alguna al respecto. Pero otras fuentes aseguran que se trató de un mero problema contractual, sin motivación política alguna.

La contratación de Tubau

Fue la propia 'conselleria' la que convenció a Trapero de la necesidad de contratar a Tubau. El juicio de la Audiencia Nacional suponía un reto jurídico tan extenso que resultaba inasumible sin una dedicación exclusiva, un compromiso que sobrepasaba la capacidad del responsable de Afers Penals del departamento, Josep Lluís Florensa. Fue este quien sugirió que la elegida para la tarea de defender a Trapero y a Laplana fuera Tubau y que esta actuara en colaboración con Mari Pau Martí, la responable de asesoramiento jurídico de los Mossos.

El tándem de las dos mujeres se demostró una fórmula acertada y clave para lograr la absolución en la Audiencia. Sin embargo, no gustó nada a Trapero al principio. El mayor siempre había defendido que los servicios jurídicos de la 'conselleria' son los que deben hacerse cargo de las defensas de los agentes denunciados por hacer su trabajo. Que ahora él y Laplana recurrieran a una asistencia jurídica externa lo ponía en una situación incómoda. Pero Florensa le hizo ver que no había alternativa y que Tubau era la indicada. Trapero aceptó.

Tubau asumió una defensa que ha implicado invertir el grueso de sus esfuerzos durante tres años. Y que, además de renunciar a otros clientes, ha comportado avanzar de su bolsillo una suma importante de dinero en gastos, sobre todo por desplazamientos entre Barcelona y Madrid.

Las declaraciones del Supremo

Las declaraciones de la cúpula del cuerpo policial en el anterior juicio del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés', especialmente la del propio Trapero, coincidieron con la demora en pagar los servicios de Tubau. En aquel juicio, los Mossos se desmarcaron del 1-O, negaron cualquier connivencia con el Govern de Carles Puigdemont, tildaron de "barbaridad" el plan que siguieron, revelaron que trataron de impedirlo en una reunión celebrada días antes de la celebración de la consulta, se pusieron a las órdenes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tras la DUI del 27 de octubre y, por último, Trapero aseguró al juez Manuel Marchena que habían diseñado un operativo para arrestar al presidente de la Generalitat si era necesario.

La fiscalía interpretó aquellas declaraciones como una cortina de humo de la defensa de Trapero, que Tubau ya preparaba para el posterior juicio y mantuvo la petición de sedición para la vista que se celebraría en la Audiencia un año más tarde. El Govern, en cambio, se las tomó completamente en serio. Según las fuentes consultadas, el entonces secretario general de Interior, Brauli Duart, era el encargado de tramitar el pago, y quien más demoró que se hiciera efectivo.

Sin embargo, otras fuentes de la cúpula de Interior de la época atribuyen esta tardanza a un problema contractual, pues la ley establece un máximo de 15.000 euros para cualquier contrato público sin concurso, y la defensa de Trapero y Laplana costaba más. La solución que se acordó fue dar un anticipo a los dos acusados que tendrían que haber devuelto si hubieran sido condenados, una fórmula que tampoco pareció justa al cuerpo. Estas limitaciones legales fueron el motivo del retraso, según las citadas fuentes, que niegan cualquier intencionalidad política.

La negativa acabó llegando al cuerpo policial, sobre todo al entorno más próximo a Trapero y Laplana. Fue una noticia que generó perplejidad, al principio, e indignación, después. También fue la enésima razón de distanciamiento entre Mossos y Govern.

Miquel Buch, el entonces 'exconseller' de Interior que acabaría fulmiado por Quim Torra --que jamás le perdonó que los Mossos actuaran contra los manifestantes independentistas más violentos--, fue quien acabó mediando para desenredar una situación cada vez más tensa. Buch se cuadró y reiteró la orden de pagar a Tubau. Eso ocurrió cuando el juicio contra Trapero y Laplana ya había comenzado en la Audiencia Nacional. Cuando Tubau ya había decidido que llegaría hasta el final cobrara o no el dinero que le debían.

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