El confinamiento, 'los dineros' y Dina (Bousselham)

El aparentemente frágil Ejecutivo de Pedro Sánchez va arrancando hojas en el calendario con ruido casi diario, pero sin los apocalípticos estruendos que se presagiaban hace una docena de meses. La polémica sobre el control de las <strong>‘fake news'</strong>; los acuerdos en educación para que el castellano no conste sobre el papel como lengua vehicular en territorios como Catalunya o los roces con las autonomías sobre el control de la pandemia,  últimas novedades con las que les atiza la (desmembrada) oposición. Pero la realidad es que mientras una España no confinada, pero sí atada en corto por la Covid, devora informaciones sobre los últimos desvaríos de Donald Trump, la coalición sigue vivita y coleando y cada vez con más visos de permanencia según avanza la negociación presupuestaria.

 De momento se acerca aniversario: El 10 de noviembre, ya a la vuelta de la esquina, hará un año que hubo que repetir elecciones generales porque las celebradas unos meses antes, en abril, resultaron infructuosas por la incapacidad de los políticos de alcanzar acuerdos en aquel entonces. La segunda vuelta desmotivó a los electorados. El PSOE y Unidas Podemos le vieron las orejas al lobo tras el doblete en urnas y se atrincheraron en una coalición que, además de la llave de Moncloa, les garantizaba un respiro como partidos al haber pedido fuelle por el desgaste electoral. El precio a pagar era soportarse durante la cohabitación.

Y en eso están. Ahora, casi 365 hojas de calendario después de los últimos comicios, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han aprendido a convivir con tiranteces (alquileres, posición ante los escándalos del Rey emérito, ingreso mínimo vital y otras medidas sociales o fiscales...) pero sin romper la cuerda que ata el futuro de uno al del otro: sin Iglesias no hay gobierno y sin pátina gubernamental se verían demasiado las enormes goteras que tiene Podemos. Una de las principales, en este momento, la que amenaza con empapar al propio Iglesias, pendiente de que el Supremo decida si le imputa o no por el ‘caso Dina’.

El Supremo y la agenda gubernamental

‘Dina’ es, precisamente, una de las tres palabras que ha entrado con fuerza en las agendas de los miembros del Ejecutivo como temas de los que han de estar especialmente pendientes, porque les va la suerte en ellas. Las otras dos son ‘presupuestos’ (los dineros y los pactos que necesitan para sacarlos adelante, apartado que va bien como se demostrará en la votación de las enmiendas a la totalidad de la próxima semana. La tercera es ‘confinamiento’, un sustantivo que el equipo de Sánchez se resiste a volver a incluir en su vocabulario, a sabiendas de que verse obligado a hacerlo (ojo, nunca descartable en tiempos de indómito coronavirus) traería consecuencias de todo tipo, también en la moral ciudadana.

Pero volviendo a la primera... ¿por qué Dina Bousselham, politóloga y activista, se cuela en los desvelos del consejo de ministros?. La Fiscalía remitió este viernes un escrito al Supremo considerando que la instrucción del 'caso Dina' (una de las muchas piezas derivadas de la investigación al excomisario José Manuel <strong>Villarejo</strong>), sí, el que afecta al vicepresidente Iglesias, está incompleta y debería regresar a la Audiencia Nacional para aclarar si Bouselham quiere ir o no contra su exjefe, el líder de Podemos. Ella debe declarar en la Audiencia y no en el Supremo -según el ministerio público-  si cree a Iglesias responsable de que el contenido de su teléfono supuestamente robado, con imágenes de carácter personal y también pantallazos de conversaciones en las que participaba el jefe de los morados, terminase en algunos  medios de comunicación que optaron por publicarlo.

Si esa tesis esgrimida por la fiscalía es adoptada también por el Alto Tribunal cuando haga público su criterio, opción que es posible, parte sustancial del destino judicial del vicepresidente segundo (y por ende la estabilidad de la coalición) quedaría en manos de Dina. De ahí que su nombre haya entrado, subrayado, en las agendas oficiales del Ejecutivo central. Ella debería confirmar si así lo refrenda el Supremo y de forma definitiva si estima necesario proceder contra Iglesias, puesto que sin su denuncia las figuras penales que tratan de atribuírsele al vicepresidente perderían fuerza.

Bousselham, que actualmente dirige ‘laúltimahora.es’ -una publicación de la órbita de Podemos-, ya escribió una carta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la que mostraba su voluntad de no actuar contra el político por haber tenido la tarjeta de su móvil un tiempo (a él se la entregó el expresidente del grupo zeta) y no habérsela dado antes. Pero también es cierto que ella se ha contradicho ya en varias ocasiones en sede judicial en sus declaraciones sobre este espinoso asunto. ¿Qué hará ahora si vuelve a ser llamada a declarar?. Su  nombre, 'Dina', le da nombre a un caso y está apuntado en las agendas del Gobierno con interrogantes. Junto a las palabras 'presupuestos' y 'confinamiento'.

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