La fiscalía abre una tercera investigación a Juan Carlos I

Si como se ha rumoreado Juan Carlos I tenía en mente volver a España, debería replantearse sus planes. La fiscalía del Tribunal Supremo va a abrir una tercera vía de investigación en su contra, que se sumará a la correspondiente a la presunta comisión de 65 millones de euros que habría cobrado de Arabia Saudí y a la relativa a los gastos pagados con tarjetas de las que no era titular.

La propia fiscala general, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, explicaron que las nuevas diligencias -al igual que la de las tarjetas presuntamente sufragadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause- parten de un aviso del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), cuya actuación se produce ante conductas que podrían ser constitutivas de delito fiscal o de blanqueo. Con las diligencias, sobre las que no se han concretado datos sobre si afectan tan solo al emérito, o a más personas se intenta determinar si hay indicios de delito o de infracción administrativa. De ser así se interpondrá una denuncia o querella contra el monarca emérito; en el caso contrario, se decretará el archivo de las pesquisas. 

A diferencia de las anteriores, las nuevas diligencias de investigación se abrirán directamente en la fiscalía del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado que tiene el rey Juan Carlos desde que perdió la inviolabilidad que le confería la jefatura del Estado al abdicar en junio del 2014, fecha clave, por eso, en la determinación de la responsabilidad penal en la que pudiera incurrir el emérito. Ni Delgado ni Luzón se atrevieron a enmarcar temporalmente lo contenido en la nueva investigación. 

Relaciones enturbiadas

El anuncio de las nuevas diligencias contra Juan Carlos I sirvió también para reconducir las relaciones entre la Fiscalía General del Estado y Anticorrupción, que se han visto enturbiadas por la apertura de una investigación para determinar cómo conoció la prensa las diligencias de las tarjetas opacas del emérito y por el hecho de que uno de los dos fiscales del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa, abandone la fiscalía especial.

El fiscal jefe Luzón, se incorpora a las pesquisas sobre el emérito

Para que cualquier sospecha de problemas quede desechada, Delgado también destacó que para lograr incorporar la operatividad y los medios específicos en la lucha contra la criminalidad económica con la que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, Luzón se incorporará a los pesquisas del Supremo en el equipo que coordina el fiscal de Sala delegado de asuntos económicos, Juan Ignacio Campos.

Eso no ocurrió con las diligencias relativas a los 65 millones de euros saudíes, que surgieron del propio 'caso Villarejo' e inició Anticorrupción. El motivo, según explicaron Delgado y Luzón, es que aquella investigación estaba prácticamente concluida cuando se remitió al alto tribunal. La segunda está "muy avanzada" y la tercera, en fase "muy embrionaria". Desde luego, no es nada habitual: el antecedente que citaron se remonta a los tiempos de Carlos Jiménez Villarejo, cesado en el 2003 al frente de Anticorrupción.

Más plazas

Durante el encuentro, la fiscala general del Estado aseguró que la fiscalía especial se había reforzado con ocho plazas más. A Miguel Serrano, el otro fiscal del 'caso Tándem', cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo, se sumará César de Rivas, por lo que en el caso seguirán trabajando dos profesionales.

Preguntada sobre si podía interferir de alguna manera en su actuación que el bufete de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, defendiera a algunos de los excomisarios imputados en la causa en la que se investigan las cloacas policiales, Delgado respondió que ella no actúa como fiscal en ninguna causa, pero que, además, se apartaría de cualquiera para preservar la imagen de imparcialidad de la institución que dirige.

Delgado dice que se abstendrá si preserva la apariencia de imparcialidad

Dos diligencias simultáneas

Pese al anuncio de la apertura de una tercera vía de investigación relativa a Juan Carlos I no parece probable que las tres coincidan en el tiempo, porque la relativa a las presuntas comisiones del AVE a La Meca será previsiblemente archivada antes de Navidades en lo relativo al rey emérito, al no haberse apreciado indicios de delito, al menos perseguibles. Solo lo serían si se cometieron con posterioridad a la pérdida de la inviolabilidad.

Eso significará que las diligencias retornarán a Anticorrupción, que proseguirá la investigación en lo relativo a los empresarios u otras personas que pudieron haber participado en el delito de corrupción en las transacciones internacionales presuntamente cometido. Si finalmente así lo determinan, las diligencias se transformarán en querella, que es un requisito imprescindible para perseguir judicialmente este tipo de delito.