Las claves del plan contra las 'fake news' del Gobierno

El plan del Gobierno para frenar las 'fake news' revolucionó el pasado jueves la arena política. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 'Procedimiento de actuación contra la desinformación' aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional desencadenó un torrente de críticas hacia el Ejecutivo.  ¿Cuáles son las claves de este mecanismo contra las noticias falsas? 

¿Qué busca el Gobierno?

El Gobierno de Pedro Sánchez informó el pasado jueves que esta iniciativa surge como "respuesta directa" a una petición de la Unión Europea para desarrollar "planes nacionales coordinados contra la desinformación". A este respecto, informaron de que su finalidad es "evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales" de España. 

Tormenta política por el plan del Gobierno contra las 'fake news'

El Ejecutivo de coalición esgrime que este plan está respaldado por el artículo 20 de la Constitución española que recoge el derecho a "recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". De esta forma, fuentes del Gobierno insistieron en que el objetivo es "luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio. 

Desde el Departamento de Seguridad Nacional insisten en que en el Procedimiento aprobado no se menciona en ningún momento la palabra 'fake news'.  Así, subrayan que su intención no es establecer qué noticia es falsa o cuál es verdadera, sino evitar los ataques a procesos democráticos como las elecciones o campañas de desinformación que puedan dañar la sanidad o el medioambiente. 

¿Quién coordinará este plan?

El procedimiento publicado en el BOE establece que los organismos competentes serán el Consejo de Seguridad Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación, principalmente, que podrán recurrir a otras autoridades públicas o a referentes en la materia del sector privado y de la sociedad civil. El órgano en el que se coordinará toda la actividad será la Comisión Permanente contra la desinformación que estará bajo la coordinación del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y bajo la dirección ordinaria de Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional. Ambos cargos dependen directamente de la Presidencia del Gobierno y, por lo tanto, bajo el control de Iván Redondo, jefe de Gabinete de Sánchez. 

Además, también formarán parte de esta comisión el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad —del Ministerio del Interior—, la Dirección General de Comunicación, Diplomacia pública y Redes —del Ministerio de Exteriores— y la Secretaria de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (SEDIA) —del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital—. 

¿Cómo se hará?

La orden publicada en el BOE recoge cuatro niveles de actuación ante la desinformación. En un primer nivel, todos los actores anteriormente mencionados se encargarán de la "monitorización y vigilancia" así como de la "alerta temprana"  de posibles campañas de desinformación tanto a nivel nacional como a través del Sistema de Alerta Rápida (RAS) de la UE. Además, también investigarán el origen, el propósito y el seguimiento que pueda tener esta campaña para decidir si elevarla al siguiente nivel. 

Una vez que la propuesta llege al 'nivel 2', se evaluará las consecuencias y el impacto de la campaña y se harán propuestas de posibles medidas de mitigación y coordinación interministeriales, todas ellas coordinadas por Oliver. En este punto, el director del Departamento de Seguridad Nacional podrá activar 'ad hoc' una célula de coordinación contra la desinformación y la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) iniciar una campaña de comunicación para contrarrestar las 'fake news'. 

El siguiente escalón, el 'nivel 3', queda en manos del Comité de Situación que deberá gestionar la estrategia y política de los aspectos de la crisis, así como adoptar las medidas necesarias con arreglo al marco para una respuesta conjunta. El último nivel, el cuarto, está reservado a la respuesta política que se pueda dar a una campaña de desinformación en la que haya una "atribución pública a un tercer Estado". En este caso, el órgano encargado de adoptar medidas sería el Consejo de Seguridad Nacional.

¿Y los periodistas?

Siendo una iniciativa que afecta al sector de la información, la orden apenas hace mención a la intervención de periodistas en el proceso de detección de las 'fake news'. Los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación", señala el escrito publicado en el BOE.

Sin embargo, señala que estas figuras tan importantes para "la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital", solo intervendrán en el proceso si la Comisión Permanente contra la desinformación considera que su colaboración puede ser "oportuna y relevante".

No obstante, tras las críticas de las asociaciones periodísticas, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional han resaltado la importancia que tienen los medios en esta labor y han explicado que se creará un foro de colaboración público-privada en el que estará representados organismos de la Administración y asociaciones de periodistas para analizar las posibles campañas de desinformación. 

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