Moncloa defiende su plan anti 'fake news' ante acusaciones de censura

El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado este jueves en el BOE, que ha provocado duras críticas por parte del PP y de Vox por entender que la Moncloa busca, con este procedimiento, el control de los medios o la censura.

Una acusación que el Gobierno ha negado tajantemente y ha subrayado que el objetivo no pasa "en ningún caso" ni por limitar "el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones" ni por vigilar o censurar estas.

Actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios" es el objetivo de esta disposición, según rezaba el propio texto publicado este jueves en el BOE.

La disposición se fundamenta en que el acceso a la información veraz es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas y en que "la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales", y para velar por ello crea un mecanismo de vigilancia compuesto esencialmente por departamentos del Gobierno.

El plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación, que lidera el periodista Miguel Ángel Oliver, para frenar esa desinformación detectada. Esto no es una idea nueva: ya en 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy intentó poner en práctica una suerte de desmentidos rápidos.

Para elaborar el proyecto, se toma como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los Estados miembros para atajar la desinformación. Así, el Ejecutivo crea un sistema nacional para la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y la respuesta a este fenómeno.

La estructura para la lucha contra la desinformación está formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil.

Por parte del Consejo de Seguridad Nacional, según consta en el BOE, le corresponde asistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la responsable de la coordinación de la política informativa del Gobierno.

Las reacciones negativas contra esta disposición no se han hecho esperar, y el líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado que el Gobierno ha aprobado una orden para "vigilar" a los medios y "perseguir" lo que el gabinete de Sánchez considere "desinformación".

Los populares han exigido la retirada "inmediata" de la orden ministerial que regula la puesta en marcha de este plan y han pedido en el Congreso dos comparecencias del Ejecutivo para que expliquen las razones de esta disposición. Así, reclaman que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, acuda a la Comisión Constitucional del Congreso y que el director de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, lo haga ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales.

Concretamente, el eurodiputado del PP Esteban González Pons ha negado que "el control de medios de comunicación que impone el Gobierno" provenga de Bruselas y ha asegurado que la norma europea, "que es contra el terrorismo, está bloqueada precisamente por la oposición del grupo socialista" en la Eurocámara. "Mentir para perseguir mentiras, mal comienzo. La UE reaccionará", ha expresado el eurodiputado popular.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado en las redes sociales que con esta disposición "el tirano Sánchez instaura la censura". "El mentiroso compulsivo pretende erigirse en juez de lo que es verdad y mentira. No podrán quitarnos la libertad para señalarles con el dedo por sus mentiras y responsabilidades criminales en las elecciones, la epidemia y la ruina", ha denunciado Abascal.

Tras estas críticas, la Moncloa ha subrayado en un comunicado que su plan contra la desinformación "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones". El Gobierno ha insistido en que este procedimiento es una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación, y España creó el suyo en 2018.

El Gobierno defiente que no busca "censurar" ni cercenar el derecho de los medios a ofrecer sus informaciones

El objetivo del plan nacional era y sigue siendo el de afrontar la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones, en especial durante los procesos electorales.

Añade que el procedimiento publicado hoy busca "evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país".

Tras insistir en que el plan está en consonancia sobre el artículo 20 de la Constitución, que defiende el acceso de los ciudadanos a la información veraz y plural "como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias, el Gobierno insiste en que este plan persigue precisamente "luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio".

Además, recuerda que se encuadra dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, y, junto a los organismos que lo desarrollan, "los propios medios de comunicación y la sociedad civil están invitados a participar en la lucha contra los procesos de desinformación".

Las asociaciones que representan a medios y empresas informativas han criticado, en sendos comunicados, la medida ya que creen que podría afectar al libre ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión. La Asociación de Medios de Información (AMI) ha advertido de que dicha medida podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución, de manera que "establecer niveles de activación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional” podría conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial".

Mientras, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) opina que la disposición del BOE "deja en el aire varios aspectos importantes" que suscitan "una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo", recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios "los que deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no" y denuncia que "nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio" un comité gubernamental. 

Los cuatro niveles

Para ejecutar todo el procedimiento, el Gobierno ha establecido cuatro niveles de activación que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.

La FAPE recuerda que son los periodistas y los medios "los que deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no"

El primer nivel permite actuar a nivel técnico para detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia. La monitorización de la información está contemplada en esta parte, así como la investigación de su posible origen y propósito.

El segundo nivel comienza con la convocatoria y la evaluación de la alerta por parte de la mencionada comisión. En este estadio, se activará una célula de Coordinación contra la desinformación por parte del director del Departamento de Seguridad Nacional. Será ahí cuando se decida si se realiza una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación.

El tercer nivel estará centrado en la gestión estratégica y política de los aspectos de la crisis, y adopción de medidas con arreglo al marco para una respuesta conjunta, que vendrá determinada por el Comité de Situación.

El último nivel contempla la gestión política de la respuesta a una crisis y la adopción de medidas en el caso de la atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación.