DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Anticorrupción quería prorrogar su investigación de un año al Rey emérito

El rey Juan Carlos saluda a los periodistas a la salida del hospital, este sábado.

El rey Juan Carlos saluda a los periodistas a la salida del hospital, este sábado. / periodico

Ángeles Vázquez

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La Fiscalía Anticorrupción llevaba más de un año estudiando las tarjetas utilizadas por el Rey Juan Carlos sin haber llegado a una conclusión que le permitiera archivarlas, al no apreciar delito, o, por el contrario, formular la correspondiente querella o denuncia para judiciarlas. Por eso, acababa de pedir a la Fiscalía General del Estado una prórroga de las actuaciones, señalan fuentes fiscales a este diario, y fue acordada.

Es en ese momento cuando elDiario.es informa sobre el uso de tarjetas por parte de Juan Carlos I y la reina Sofía que no están a su nombre, pero con las que pagarían gastos suyos y de sus nietos, aunque ninguno de la Princesa de Asturias o su hermana. Esa información provoca una inmediata actuación por parte de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que dicta un decreto para ordenar la "inmediata" remisión de las actuaciones a sus compañeros del Tribunal Supremo.

Parecería que fue en ese momento cuando Delgado tuvo conocimiento de las pesquisas, porque también se informó a la vez de la apertura de una investigación para determinar cómo se había enterado la prensa. Pero eso no fue así, porque el Estatuto orgánico del ministerio fiscal obliga a los fiscales a poner "en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer", a través del superior jerárquico, en este caso, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un investigación que afecta directamente a quien fue jefe del Estado cumple sobradamente ese requisito.

El plazo previsto de duración de unas diligencias fiscales de investigación es de seis meses, salvo en Anticorrupción, que es un año, por la dificultad que presentan los asuntos de los que se ocupa, en los que resulta frecuente cursar comisiones rogatorias para determinar el origen o destino del dinero. Por eso, no solo Delgado conocía la existencia de las pesquisas, sino también su antecesora en el cargo, María José Segarra, porque cuando se iniciaron estas de Juan Carlos I era ella quien ocupaba el despacho de la madrileña calle Fortuny. 

Difícil delito

Anticorrupción necesitaba una prórroga para poder determinar si la utilización de las tarjetas, presuntamente sufragadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, es contitutiva de delicto más allá de la suspicacia que despierta que alguien pague los gastos de otra persona. Eldiario.es también involucra en esta práctica sospechosa al teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que pasó a la reserva.

Fuentes jurídicas señalan que para poder ser constitutivos estos hechos de un delito fiscal la cuota defraudada a Hacienda debería superar los 120.000 euros, para lo que se necesitaría un astronómico desembolso en gastos, muy superior a esa cantidad. Pero que además dejaría de existir en el caso de que Sanginés-Krause sí declarara ese dinero al fisco de su país, por ejemplo. En el caso del blanqueo, sería necesario acreditar el origen ilícito de ese dinero que se necesita lavar, lo que no se puede considerar que ocurra únicamente porque proceda del extranjero. 

La anterior investigación abierta al Rey emérito por Anticorrupción y también remitida al Tribunal Supremo sigue a la espera de que Suiza complete la documentación reclamada por la fiscalía española, pero no parece que vaya a prosperar, debido fundamentalmente a la inviolabilidad que Juan Carlos I disfrutó como jefe del Estado y que acabó con su abdicación en 2014. Ello, pese a que en uno de sus últimos informes el fiscal al frente, Juan Ignacio Campo, se mostró optimista con las perspectivas que decía se abrían.

En  el caso de la investigación conocida ahora esa prerrogativa no tendría efecto, puesto que los gastos realizados con la tarjeta serían posteriores a ese año. Se produjeron entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos ya era un mero aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y tendría que responder de los delitos que pudiera cometer.