El Govern niega que Madí y Vendrell influyeran en las decisiones de la Generalitat

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, afirmó este martes, de manera tajante, que ni David Madí, ni Xavier Vendrell, expolíticos de los espacios propios de los partidos que hoy ocupan el Govern, han influido en las decisiones que ha tomado y toma la Generalitat. Ambos exaltos cargos de CDC y de ERC, respectivamente, se hallan bajo investigación judicial en el contexto de la Operación Volhov.

Con todo, la también ‘consellera’ de Presidència, y pese a las informaciones periodísticas basadas en transcripciones e las conversaciones realizadas por ambos investigados, se amparó en la falta de información pública (solo la tienen las partes) para rechazar que el Executiu haya emprendido, o vaya hacerlo de manera inmediata, cualquier tipo de investigación encaminada a esclarecer si ha habido trato de favor.

“Yo no hablo de las comidas privadas de mis compañeros de Govern”, señaló Budó en referencia a la comida que mantuvo Vendrell con Alba Vergès, titular del departamento de Salut, ‘conselleria’ con la que el expolítico de ERC esperaba colaborar empresarialmente.

Medidas paliativas

En cuanto respecta a los acuerdos de Govern, Budó dio cuenta de una batería de medidas encaminadas a suavizar los efectos de la pandemia. Así, el Executiu aprobó una deducción del IRPF para las rentas más bajas, para no "penalizar" a los afectados por un ERTE o por quedarse en el paro como consecuencia de la crisis del coronavirus a la hora de tributar por este impuesto. Esta medida “nace con voluntad de mantenerse en el tiempo, podría beneficiar a unas 250.000 personas en Catalunya”. La pérdida de ingresos para la Generalitat será de 16,3 millones de euros.

Asimismo, el Govern también dio curso a un decreto que suspende los desahucios de grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social al que está obligado según la ley, mientras dure el estado de alarma o estén vigentes restricciones por el coronavirus.

El decreto también interrumpirá los desahucios de personas que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad.

Exigencias al Gobierno

Budó, con todo, se lamentó de que la Generalitat no disponga de todas las competencias como para, por ejemplo, detener todos los desahucios mientras dure el estado de alarma y reclamó al Gobierno de PSOE y Podemos que tomen decisiones en esta línea o bien transfieran dichas posibilidades competenciales. De hecho, esta mayor implicación del Estado lo exigió Budó en todos los frentes, también en cuanto a las exenciones fiscales y los planes de rescate de los sectores más afectados.

Budó se felicitó de que las medidas restrictivas aprobadas por el Govern, y que empezaron hace tres semanas con el cierre de la hostelería, empiecen a surtir efecto. Sin embargo, no previó que se levante el pie hasta que este descenso, ahora, del índice de transmisión se generalice a todos los indicadores y, después, se estabilicen. Por otra parte, y siempre con la salvaguarda de que no se puede descartar ninguna medida, la 'consellra' de Presidència reiteró que no está encima de la mesa del Gobierno catalán un confinamiento total de la población.