La fiscalía recurre el tercer grado de Forcadell y Bassa

La fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el tercer grado que la Generalitat concedió a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, avalado por el juzgado de vigilancia, y ha pedido que lo suspenda mientras resuelve sobre la cuestión.

En sendos recursos, el ministerio público pide al Supremo que revoque el régimen de semilibertad de Forcadell y Bassa, del que ambas reclusas disfrutan desde el pasado mes de julio, al entender que pese a la elevada pena de cárcel impuesta han pasado "escasísimas" horas en prisión, puesto que a los pocos meses se les flexibilizó su régimen penitenciario con un 100.2 "amplísimo".

Para el ministerio público, otorgar a Forcadell y Bassa el tercer grado cuando no han cumplido aún ni la cuarta parte de su condena -de 11 años y medio y 12 años, respectivamente-, "lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad".

Trato preferente

La fiscalía ha optado por prescindir del recurso de reforma ante el juzgado de vigilancia y ha impugnado el tercer grado de Bassa y Forcadell directamente ante el Supremo, al que pide que dé al caso un trato preferente.

El Supremo tiene sobre la mesa, desde hace más de dos meses, el recurso que la fiscalía presentó contra el tercer grado de los otros nueve líderes del 1-O presos en Lledoners, avalado también por el juzgado de vigilancia aunque lo tienen suspendido desde el pasado 30 de julio, a la espera de que el alto tribunal resuelva.

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En el caso de Forcadell, el ministerio público apunta a que, desde que fue condenada, "su estancia en prisión es más teórica que real, y se limita a la pernocta", informa Efe. Además, piensa que "no hay una auténtica asunción delictiva" de los hechos por los que se la condenó.

En el caso de Bassa, el fiscal concluye que la exconsellera "mantiene todos los déficits que le llevaron a delinquir, falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional y creencia de su capacidad para interpretar la voluntad popular".