Sánchez recula y acepta dar cuenta de la alarma cada dos meses

El Gobierno ha tenido que hacer algunas cesiones, pero finalmente este jueves conseguirá aprobar que la prórroga del nuevo estado de alarma para luchar contra el covid dure hasta el 9 de mayo, como anunció Pedro Sánchez. La iniciativa salía adelante ya con la combinación de ‘síes’ y abstenciones de los socios de investidura y, a última hora de la noche del miércoles, se supo que el PP también facilitará la votación. Los de Pablo Casado se abstendrán.

Según fuentes de la dirección, pese a considerar un “fracaso” que el jefe del Ejecutivo vuelva a acudir a ese instrumento excepcional, consideran que "el PP no puede oponerse a un marco de actuación urgente contra la pandemia tras meses de dejación por parte del Gobierno”. Sin olvidar el hecho de que varias de las comunidades gobernadas por los populares ya lo están empezando a aplicar.

Dos han sido los gestos del PSOE para conseguir sacar adelante la votación que este jueves se producirá en el Congreso: primero, el presidente se ha comprometido a comparecer cada dos meses ante el pleno para dar cuenta del estado de la pandemia y, la alarma, aunque alcanzará hasta mayo, se revisará a principios de marzo.

"Menos 'Aló presidente' y más venir al Congreso a dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional"

Pablo Casado

— Presidente del PP

Sánchez llegó el miércoles por la mañana con la oferta de marzo a la sesión de control. Se lo dijo a Casado en su cara a cara, para intentar lograr el apoyo del PP, aunque no lo consiguió. A los populares les parece excesiva la duración y consideran que el jefe del Ejecutivo debería haberse comprometido a dar explicaciones cada 15 días. 

Sí que tuvo éxito, en cambio, con sus socios de investidura. El PSOE negoció a varias bandas con los grupos y, finalmente, compró la propuesta de resolución que presentó ERC: que Sánchez dé explicaciones cada dos meses y que sea la conferencia de presidentes la que decida en marzo si hay razones para levantar la alarma o se debe mantener hasta mayo.

Los socios habían pedido al PSOE que la medida fuera más corta y con más control

La reunión de mandatarios autonómicos —a la que podría asistir el nuevo presidente catalán que salga de las urnas tras las elecciones del 14 de febrero— deberá analizar el informe que previamente haya elaborado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), órgano multilateral donde están representados el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del área. 

El ministro y no el presidente

Muchos de los socios de investidura del Gobierno de coalición (ERC, Más País, Compromís, Junts, Bildu y PNV) habían reclamado que la prórroga de la alarma fuera más corta y hubiera mayor control parlamentario. Y ambas peticiones, en cierta medida, intentó satisfacer el PSOE a través de la propuesta de ERC. Porque el presidente del Gobierno era reacio a tener un papel protagonista en esta nueva fase. 

De hecho, este jueves, cuando se debata el asunto, el que defenderá la medida en la tribuna será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sánchez, como había adelantado este diario, lo escuchará desde su escaño, una manera de mandar el mensaje de que esta alarma es solo un caparazón jurídico para que luego los presidentes autonómicos impongan y levanten restricciones con mayor seguridad legal. La salida consensuada que pone fin al culebrón la negociaron los respectivos portavoces de PSOE y ERC, Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Ambos mantienen una interlocución fluida y constante. 

Por parte del PP, subirá a argumentar la abstención la portavoz del grupo, Cuca Gamarra. La diputada, según fuentes de la dirección, defenderá que Casado ha tendido la mano a Sánchez, pero que el jefe del Ejecutivo “ha preferido sustituir el Parlamento por un consejo autonómico y ni siquiera comparece” ante los españoles el día que solicita una prórroga tan amplia. Los conservadores han descartado recurrirla ante el Tribunal Constitucional, algo que hará Vox, pero sí acudirán a la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa que vela por el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y protege los derechos humanos.

"Lo que estamos haciendo es cogobernar con las comunidades, que son las competentes en sanidad" 

Pedro Sánchez

— Presidente del Gobierno

Casado ha tenido que encontrar un punto medio entre su oposición a Sánchez y las necesidades de los presidentes autonómicos de su partido, como Juanma Moreno en Andalucía y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que ya están empezando a ampararse en ese estado de alarma para frenar los contagios.

Las otras propuestas

La enmienda de ERC pactada con el PSOE, y también con el visto bueno de Podemos, añade también que el ministro Illa acudirá ante la comisión de sanidad de la Cámara baja "con periodicidad mensual". Esta última condición es, sin embargo, una rebaja respecto a la pretensión inicial del Ejecutivo, ya que el real decreto aprobado el domingo contempla la comparecencia cada 15 días de Illa en la comisión. Otro socio minoritario, Más País, planteaba que Sánchez fuera mensualmente al Congreso, pero el PSOE se negó. Tras conocerse la propuesta de ERC, la formación de Íñigo Errejón anunció su voto a favor de la enmienda. 

Los socialistas encuentran "equilibrada" la resolución de ERC, porque "combina el control" con la planificación y el oxígeno "necesarios" para la gestión del covid. Es decir, es un "plan operativo" que deja "margen de actuación" a Sanidad y al tiempo refuerza la rendición de cuentas, explican a este diario desde el grupo parlamentario "sin que haya pimpampum". A cambio de mayor control, el Ejecutivo obtiene su prórroga larga y sin el sufrimiento de votaciones periódicas. 

Los presidentes de Andalucía y Castilla y León, del PP, ya empiezan a aprovechar el nuevo marco jurídico

El PSOE también ha aceptado la propuesta del PNV para que enclaves como el Condado de Treviño, que está en territorio alavés pero pertenece a la provincia de Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben para Álava.

Cs propone hasta el 9 de febrero

El plan del PP, sin embargo, era que la alarma aplicara solo durante ocho semanas. Así lo dejó por escrito en su proposición: plantea que se levante el 20 de diciembre y que Sánchez comparezca quincenalmente. Además, en el documento los conservadores emplazan al Ejecutivo a impulsar los cambios jurídicos necesarios en la legislación ordinaria para bregar con el covid sin usar la excepcionalidad del estado de alarma.

Ciudadanos, por su parte, fija el 9 de febrero como tope y que el jefe del Ejecutivo comparezca cada mes ante el pleno e Illa, cada 15 días con la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara baja.  

"La duración del estado de alarma genera un marco de estabilidad y certeza en la toma de decisiones"

Salvador Illa

— Ministro de Sanidad

El debate de este jueves escenificará también el divorcio de JxCat en el Congreso. Mientras la portavoz, Laura Borràs, es partidaria de que la prórroga sea de dos meses y no adelantó el sentido del voto, el diputado Ferran Bel aboga por cuatro meses y ya anunció que sus otros tres compañeros del PDECat votarán a favor de la ampliación.

El Gobierno afronta el debate de este jueves con la tranquilidad de que no habrá sustos en la votación. La extensión de la alarma se aplicará, como quería, hasta las 00.00 del 9 de mayo de 2021, con una revisión a los cuatro meses y dos comparecencias intermedias de Sánchez. La Moncloa miraba con mucha atención el sentido del voto del PP. Era una especie de 'termómetro' de su voluntad real de pacto tras la ruptura con Vox. Ahora, la abstención facilita la interlocución para otras cuestiones pendientes, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque en este punto aún no se han producido avances después de la paralización de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos.