SE DEBATE EL JUEVES

Las autonomías tendrán todas las competencias al prorrogarse la alarma

Pedro Sánchez, durante su turno de cierre de la moción de censura de Vox, este 22 de octubre en el Congreso.

Pedro Sánchez, durante su turno de cierre de la moción de censura de Vox, este 22 de octubre en el Congreso. / periodico

Miguel Ángel Rodríguez

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El Gobierno confirmó este martes su intención de dejar en manos de los presidentes autonómicos todas las competencias para aplicar las medidas recogidas en el real decreto del estado de alarma para frenar la pandemia de coronavirus. Así, una vez se apruebe la ampliación de seis meses -aún hay tiempo para que se negocie otra extensión- que ha solicitado este martes el Ejecutivo, las comunidades tendrán la capacidad de levantar el toque de queda a partir del 9 de noviembre, cuando entre en vigor la prórroga.

El Consejo de Ministros remitió este martes al Congreso de los Diputados su petición para extender la herramienta constitucional hasta el 9 de mayo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó que el texto que se debatirá en la Cámara baja el próximo jueves tiene una diferencia respecto al real decreto que se aprobó el pasado domingo: los presidentes autonómicos, como autoridades delegadas, deberán decidir si se suspende el toque de queda establecido entre las 23:00 horas y las 07:00 horas (ajustable por cada autonomía) o, por el contrario, lo mantienen.

En el documento se detalla que se podrá aplicar esta medida "cuando la autoridad competente delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad". Eso sí, se puntualiza que en el caso de declararse el toque de queda su duración deberá ser de al menos siete días.

Esta atribución se suma a los poderes de los que disponen desde el pasado domingo las comunidades para limitar la salida y entrada de sus territorios, total o parcialmente, ya sea en la autonomía al completo, en un municipio o en un barrio y de restringir las reuniones a un máximo de seis personas o incluso menos, salvo que se trate de convivientes. 

Un "paso de gigante"

"El paso de gigante que se da con el estado de alarma es que se ponen a disposición de los presidentes de las comunidades para que ellos apliquen en sus territorios las medidas de contundencia para contener el virus", explicó este martes Montero. En la misma línea, sostuvo que la herramienta que pretenden prorrogar "no contempla ningún tipo de restricción" y que solo responde a "la petición abrumadora de los presidentes autonómicos que han pedido activar este mecanismo para dictar ellos las restricciones que se corresponden a la situación pandémica".

Agarrándose a este argumento, la ministra portavoz defendió que no es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino sus homólogos autonómicos los que deberán comparecer en sus respectivos parlamentos para dar cuenta de las medidas que aplican: "Entendemos que quienes firman las restricciones amparados en el estado de alarma deberían de dar explicaciones de por qué adoptan estas medidas y no otras".

Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que mantuvo este martes una reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, llamó a las comunidades a "mantener contacto fluido con los municipios de su ámbito territorial y con las Federaciones de Municipios de cada comunidad" porque son las instituciones que disponen de información directa.